A pesar de que ya hay una sentencia de fondo que obliga al Estado nacional a garantizar el derecho a la alimentación con la restitución de la entrega de productos o fondos a los comedores comunitarios, y que está vigente una medida cautelar con ese fin, el Ministerio de Capital Humano sigue sin acatar. El hecho es simple y dramático: la comida no llega a barrios y organizaciones, familias, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, que la cartera de Sandra Pettovello ha decidido excluir con pretextos burocráticos (aunque lo que hay es una ofensiva contra los movimientos sociales). Que el gobierno está violando un derecho social elemental para la vida, ya lo afirmó en el fallo de fondo el juez Walter Lara Correa, que terminó su subrogancia en el juzgado a cargo del tema. El nuevo juez del amparo colectivo –impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)–, Enrique Lavié Pico, firmó este miércoles una resolución categórica en la que le da tres días para que «incorpore de forma efectiva» a un grupo de 66 comedores de la Asociación Civil el Amanecer de los Cartoneros al Programa Alimentar «bajo apercibimiento de sanciones conminatorias».
El amparo abarca a todos los comedores vinculados a organizaciones comunitarias donde acuden los ciudadanos y ciudadanas que pasan hambre. Son aquellos a los que Gobierno decidió interrumpirles la provisión de alimentos desde inicios de la gestión. En la causa quedó detallada la situación de los que se fueron presentando en forma grupal o individual. La medida cautelar contra Capital Humano está vigente desde el 14 de julio Hubo una intimación posterior de un juez de feria Martín Cormick, otra de Lara Correa y luego su sentencia en noviembre, mientras que en paralelo el juez federal Sebastián Casanello dictó en una causa penal cinco intimaciones para el reparto de mercadería acopiada a punto de vencer.
Cómo aumentar el hambre
El grupo de 66 es solo una parte del amparo. Los planteos en el expediente respecto de estos comedores son una muestra de cómo aplican su estrategia dilatoria Pettovello y su nuevo Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez (cuyos antecedentes son haber sido Director de Barrick Gold, de YPF, vicepresidente de Aerolíneas Argentinas y manager de la empresa de juegos de azar Codere, entre otras cosas). En este caso fue así:
* El 26 de septiembre Capital Humano reconoció explícitamente en un dictamen la existencia de estos comedores y el cumplimiento con la rendición de cuentas.
* El 2 de octubre se lo informó al juzgado, e informó que iban a comenzar «con el proceso de incorporación de estos espacios a los programas actualmente vigentes», aunque acotó que eso ocurriría «una vez constatado el cumplimiento de la totalidad de la documentación e información faltante al efecto».
*Un mes después Capital Humano le mandó un e-mail a El Amanecer de los Cartoneros en el que le dijo que tenía el dictamen en cuestión, que en el día de la fecha (era 1 de noviembre) «se dio inicio al trámite administrativo correspondiente para su incorporación en el programa» y que «en caso de existir alguna documentación faltante que resulte necesaria para dar continuidad al trámite, la misma le será requerida en los próximos días, siguiendo los criterios de elegibilidad y el cumplimiento de los requisitos de acceso regulados por la normativa vigente». La entidad mandó un correo electrónico (algo que venía haciendo) pero ya no tuvo respuesta.
*El 13 de noviembre, después de decir que había 11 comedores de 77 cuyo funcionamiento no pudo constatar, Capital Humano le dijo al juzgado que «a fin de dar cumplimiento con el recaudo del relevamiento en territorio del Programa Alimentar, aquellos espacios serán visitados para evaluar su posible inclusión según los lineamientos de dicho programa, oportunidad en la cual se les exigirá a dichos efectos la documentación legal respaldatoria correspondiente…»
*El CELS y la UTEP se presentaron después de esa notificación y denunciaron que la «Dirección Nacional de Políticas Alimentarias desconoce no solamente la vigencia de la medida cautelar, sino todo lo manifestado por el mismo Ministerio de Capital Humano a lo largo de este expediente e inventa –porque lisa y llanamente hace eso– requisitos especiales que seguramente son consecuencia de la presencia como querellante» de El Amanecer de los Cartoneros en la causa penal que a cargo de Casanello, que compromete a la ministra Pettovello. «No surge de ninguna de las normas vigentes, la necesidad de volver a realizar una visita al territorio a los fines de efectivamente incluir al comedor o merendero en el Programa, ya que dicha función está evidentemente cumplida por el procedimiento de validación previsto», señalaron. La mayoría de los 66 comedores fueron visitados en mayo y algunos con posterioridad. La documentación, aseguran, está toda entregada.
Después de ese planteo, Lavié Pico resolvió: «Habida cuenta del derecho alimentario en juego, el tiempo transcurrido y a fin de evitar dilaciones innecesarias, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a fin de que, en el plazo de tres días hábiles, incorpore de forma efectiva los 66 comedores de la Asociación Civil ‘El Amanecer de los Cartoneros’ bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias».
Como es evidente, a esta altura la pregunta obvia es ¿No hay más consecuencia que un llamado de atención, una nueva intimación, un «chas chas»? Diego Morales, director de Litigio del CELS, explica que puede haber «sanciones administrativas, como multas por día de incumplimiento, que en algunos casos podrían recaer sobre los ingresos de los funcionarios. Pero a la vez existe la denuncia penal en el juzgado de Casanello, que promovió Juan Grabois en febrero último, y que tiene toda la información sobre estas prácticas del ministerio de negar alimentos que tiene la obligación de entregar». Si para el lunes no acatan la orden de Lavié Pico, esto será denunciado ante Casanello, lo que podría derivar en una imputación penal.
Obligaciones
Este tema ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue parte de los planteos de organizaciones de la sociedad civil sobre incumplimientos del Estado argentino de los tratados internacionales en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en una audiencia que se hizo hace dos semanas. Allí, el relator especial en estos temas Javier Palummo señaló que advertía retrocesos que generan responsabilidad internacional. Como ya decía la sentencia en el amparo colectivo, cortar la entrega de alimentos implica una medida que empeora la vida de las personas y eso es lo que no puede pasar, no puede haber medidas regresivas. El relator especial. El comisionado José Luis Caballero fue claro: «los estados no pueden quitar políticas, eliminarlas, regresarlas de un marco ya obtenido». Señaló que la falta de protección de derechos puede implicar la «caída hacia la discriminación estructural». Otro comisionado, Edgar Ralón, comentó que no entendía cómo es que no había instancia de diálogo entre el gobierno y las organizaciones. «No me queda claro si están al día de hoy funcionando los comedores», dijo.
Capital Humano no mandó representante. El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, leyó papeles que le habían dado con números y dijo que no iba a contestar preguntas, ya que lo haría luego por escrito. Tuvo que pedir disculpas después de afirmar que la pobreza en el segundo semestre había bajado, cuando le preguntaron de dónde surgía el dato, dado que aún no terminó ese período.
