Un nuevo hallazgo parece cambiar la trama de la causa que investiga a los Kiczka por consumo y distribución de material de abuso sexual infantil: según fuentes cercanas al expediente, el ex diputado libertario se habría comunicado mientras estaba prófugo en Corrientes (y regía sobre él una alerta roja de Interpol) al menos cinco veces con una funcionaria del Juzgado de Paz de Apóstoles, la ciudad en la que vivían los hermanos ahora detenidos por pedofilia.
El dato rompe el relato que el mismo Germán Kiczka había construido ante el magistrado Miguel Ángel Faría cuando repentinamente cambió su negativa a declarar y solicitó dar testimonio en el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles que lleva adelante la causa. En esa ocasión, el menor de los hermanos rechazaba haberse dado a la fuga ya que aseguraba no estar al tanto del pedido de captura. La cortada era sencilla: abandonó su localidad rumbo a Corrientes antes de que le llegara el pedido de detención, mientras que en el viaje portaba dos teléfonos celulares sin chip, lo cual le impedía recibir llamadas.
Sin embargo, este argumento ahora se hace trizas toda vez que el diputado del partido Activar (que actualmente forma parte de La Libertad Avanza) mantuvo comunicación al menos cinco veces con una funcionaria judicial. La información se habría obtenido tras las pesquisas realizadas al teléfono del cuidador del camping del pueblo correntino de Loreto donde Germán Kiczka estuvo escondido alrededor de una semana mientras era buscado por la policía y tenía un pedido de captura internacional. El legislador apostoleño le había dicho al cuidador que deseaba alojarse porque necesitaba un “retiro espiritual”, aunque en algunas ocasiones le pidió prestado su celular con el pretexto de necesitar contactarse con su familia. Ahora parece que los llamados tenían en verdad como interlocutora a una funcionaria judicial.
Para peor, fuentes cercanas a la causa aseguran que esa mujer no es otra que María Carla Dalmaroni, la pareja de Gonzalo de Paula, abogado defensor de los dos hermanos ahora detenidos en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul. Por supuesto, la intriga sobre esas llamadas cala hondo entre quienes se preguntan con notable sorpresa el motivo de las mismas. ¿Era Dalmaroni la interlocutora entre Germán Kiczka y su letrado para, acaso, definir las condiciones de la entrega? Hasta el momento De Paula evitó todo tipo de contacto con la prensa.
Es difícil no vincular este trascendido con la posterior ausencia del abogado en la audiencia indagatoria a la que debió asistir Sebastián Kiczka en la mañana de ayer jueves, motivo por el cual fue trasladado con chaleco antibalas, casco y la cobertura de escudos de un cuerpo penitenciario desde la cárcel de Cerro Azul hasta el Juzgado Cuatro de Apóstoles. El ostentoso operativo para recortar los 50 kilómetros de ida y vuelta entre la cárcel y la sede judicial no sirvieron de mucho: el mayor de los hermanos Kickza se negó a declarar.
Mientras ambos continuan con su estrategia de abrazarse al silencio cada vez que el juez Miguel Ángel Faría los cita a indagatoria (a excepción de la breve alocución del ex diputado que ahora parece entrar en contradicción), los peritos informáticos continúan las pesquisas sobre todos los dispositivos secuestrados en allanamientos no solo a las viviendas propias, sino también a las de pareja y de los suegros de Germán Kiczka, y además a una propiedad de la familia Puerta, con quien el legislador libertario tenía vínculos personales, políticos y laborales.
