Es un abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación.
Joaquín Ignacio Mogaburu es el nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en reemplazo de Alberto Baños, quien renunció pocos días atrás. Lo anunció este miércoles, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. “Bajo esta nueva conducción, la Subsecretaría profundizará aún más el proceso de ordenamiento del área«, prometió el funcionario.
«Lo convoqué porque sé que tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos que el presidente Javier Milei definió para esta segunda etapa del Gobierno”, explicó Amerio.
Mogaburu es un abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación. Entre otros caros, se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales. Al momento de su designación, era el Director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.
Ordenamiento y desideologización
Amerio explicó que el mandato de Mogaburu estará guiado por los lineamientos planteados por el presidente Javier Milei. “Durante estos dos años (…) se eliminaron 14 cargos jerárquicos -incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría- y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos”, detalló.
“Estas medidas contribuyen a desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023”, sostuvo.
Críticas de ATE: degradación, despidos y vaciamiento
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) publicó este miércoles un informe muy crítico sobre las políticas del Gobierno en materia de derechos humanos. Denunció degradación, despidos y vaciamiento.
De los 1050 trabajadores registrados que había en diciembre de 2023, quedaron apenas 390 en funciones. Esto afecta a la totalidad de las políticas que llevaban adelante, afirmó ATE. Por ejemplo, el Sitio de Memoria ESMA ya no cuenta con personal especializado para las tareas de mantenimiento del edificio, prueba judicial de los crímenes cometidos por la última dictadura (1976-1983).
Otro punto es el retiro del área como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Hubo despidos de casi todos los abogados del área y la presencia en estos procesos a quedado reducida a lo mínimo, cercana a la intrascendencia. Antes, el Estado impulsaba los procesos, largo y costosos, sobre todo en lugares con pocos familiares para llevarlo a cabo.
