En declaraciones radiales, De Pablo planteó que este tipo de entendimientos suele generar reacciones diversas en el sector privado. Mientras algunos actores económicos interpretan la apertura como una oportunidad para ampliar mercados y exportaciones, otros observan con cautela el escenario de mayor competencia externa.
Desde una mirada general, el economista defendió la lógica de la apertura comercial y rechazó la idea de que el intercambio internacional implique ganadores y perdedores en términos absolutos: “La apertura comercial no es un juego de suma cero; hay una ganancia neta”, sostuvo, al señalar que el comercio puede beneficiar al conjunto de la economía.
La advertencia al Gobierno
Recién al profundizar su análisis, De Pablo introdujo una advertencia dirigida a la política económica del Gobierno. Según explicó, los acuerdos comerciales exponen con mayor claridad las desventajas estructurales que enfrenta la producción local frente a los bienes importados.
“Un acuerdo comercial le mete más presión a revisar todas las razones que descolocan a la producción local frente a la importación: impuestos, gasto público, regulaciones, juicios laborales y restricciones de todo tipo”, enumeró. En ese sentido, fue contundente: “Urge revisar la cancha inclinada con más razón que antes”.
Para el economista, la apertura externa debe ser consistente con el resto de las decisiones económicas. De lo contrario, advirtió, el impacto del acuerdo puede diluirse si no se corrigen los costos internos que afectan la competitividad.
Al abordar la discusión sobre la reforma laboral, De Pablo trasladó el foco al comportamiento del empresariado pyme. Según afirmó, en el clima actual la principal preocupación no pasa por el nivel de los salarios o las cargas sociales, sino por el riesgo asociado a los juicios laborales.
“Si el problema es el riesgo judicial, los cambios legales pueden tener un efecto muy limitado”, señaló. En esa línea, consideró que cualquier reforma debería contemplar también el funcionamiento de los tribunales y la seguridad jurídica.
De Pablo sostuvo que la decisión de contratar personal responde a una combinación de expectativas de venta, costos y riesgos. “Un empresario toma gente si cree que va a vender más, pero se frena si siente que contratar es comprarse un problema a futuro”, explicó.
El INDEC y el ruido político
La entrevista también incluyó una referencia a la salida de Marco Lavagna del INDEC y a la postergación de los cambios en la metodología del índice de precios.
En ese punto, De Pablo se mostró sorprendido y advirtió que, en un contexto político sensible, la decisión puede ser utilizada por la oposición para cuestionar la credibilidad del Gobierno. “Se lo van a recordar por mucho tiempo”, ironizó.
“Uno suponía que esto terminaba con la implementación del nuevo índice. Si ahora se plantea una espera de varios años más, no es dramático, pero sí llamativo”, concluyó.
