Este lunes, el presidente de la Asociación de Magistrados Andrés Basso convocó a una reunión de urgencia con los titulares –entrantes y salientes- de cada una de las Cámaras afectadas, la laboral, la civil, la comercial y la penal. Enviarán representantes los Ministerios Públicos también, con lo que buscarán mostrar músculo y cohesión, con asistencia perfecta. Explorarán estrategias de respuesta. Luego, habrá otro encuentro reservado con los 24 integrantes del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados de todas las provincias. El núcleo de sus asociados integra la justicia nacional, blanco del fallo que usa terminología como “jueces transitorios”, lo que desató ira y temor por partes iguales, durante el fin de semana.
Para muchos, la Corte Suprema, llamada a resolver un problema, termina creando uno mucho más grande, implosionando el propio sistema judicial y aprovechando una ventana mínima para cimentar una doctrina, ante la salida de Juan Carlos Maqueda del máximo Tribunal. La principal objeción al fallo y sus consecuencias es que crea una nueva vía recursiva antes de llegar a la Corte –a través del TSJ como una suerte de filtro- pero sin un código ni una ley que lo prevea.
Hace diez días, cuando la decisión era solo un rumor, hubo un amague desde la Cámara Civil para, en caso de emergencia, convocar a un plenario y declarar inaplicable esa decisión. “Levinas” es un expediente que llega desde el fuero civil. Es una de las opciones que se barajan y que estarán sobre la mesa en el encuentro de hoy. Es la más extrema porque implica una suerte de alzamiento. Puede quedar maquillada en matices, pero es el sentimiento dominante.
Hay otras más calculadoras. La ventana de oportunidad para lograr la mayoría en el fallo es su propia debilidad. Maqueda ya está jubilado y, por ende, no hay certeza de que la Corte pueda reunir otra vez una mayoría para volver a insistir en la misma dirección. Dependerá de conjueces o de una nueva integración con quien sabe qué candidatos aprobados. “Fingir demencia y seguir para adelante”, lo resume otro juez consultado por este diario, aprovechando que la mayoría de los cambios para los traslados dependen del poder político. Estar en Argentina, juega a favor de los jueces.
En enero pasado, los jueces, con Basso a la cabeza de la AMFJN había podido desactivar la intención del gobierno de Javier Milei de hacer un traspaso contenido en la Ley Ómnibus, que venía con el ímpetu de la nueva gestión. Fatigaron los pasillos del Congreso y del Ejecutivo para finalmente hacer desaparecer el artículo que estaba en el borrador, antes de que se vote. El Gobierno se mostró desinteresado en insistir. Se leyó como un triunfo. Encendieron velas para que “Levinas” no viera la luz.
En un plano ya inconfesable, hubo coincidencias parciales con el sentido del tweet de Cristina Kirchner. Sobre todo, en el párrafo que sostenía la inconstitucionalidad del fallo. “Para que se entienda mejor: es como si la Corte fallara que las sentencias de los tribunales nacionales las resuelva el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz o de Formosa o de Santiago del Estero o de cualquier otra provincia argentina”, dijo la ex presidenta.
Lo que no dijo Cristina es que quien remarcaba eso, en su disidencia, era precisamente el juez a quien ella señaló siempre por haber sido elegido por Mauricio Macri, Carlos Rosenkrantz; y también, antecedido en un duro dictamen por el procurador interino al que buscó remover por “amarillo”, Eduardo Casal. Ambos sostuvieron la contraria a lo que la Corte ahora definió. Podría decirse que, en esa secuencia, los dos buscaron impedir que el TSJ sea revisor de la causa Correo de Macri. Al peronismo le cuesta sobremanera entender la variedad de matices que se dan en el mundo judicial.
Los chats estallaron, desde el viernes, exudando drama, indignación, incredulidad y sensación de que la Corte los había dejado colgados de un pincel por una coyuntura excepcional, ligada a la política. También es difícil defender que no hayan percibido las señales: “Corrales”, “Bazan”, “Nisman” formaron el pavimento para desembocar en “Levinas” donde la jurisprudencia iba en el sentido de empoderar al TSJ por sobre las cámaras nacionales. La lógica partía del supuesto de que la transferencia de la justicia a la órbita de CABA era una cuestión prevista en la Constitución que solo fue demorada por desidia política. Mensajes “ordenadores” los llaman en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Y con la expectativa de que el TSJ oficiara de “filtro” para los recursos extraordinarios cuyo volumen escala a la Corte. Afirman que cada justicia provincial tiene su propio tribunal superior encargado de definir lo que es una cuestión federal para ir a la Corte nacional. El problema es CABA donde conviven tres instancias, la local, la nacional y la federal. Bajo el prisma de que CABA es una “ciudad constitucional” y tiene un estatus similar a cualquier provincia, debe tener bajo su control su propio sistema judicial. Así en el pizarrón, suena razonable. Pero todo es más complejo.
Y es que la cuestión termina excediendo un dilema de diván para jueces que rechazan ser considerados “municipales”, sino que también impacta en la codificación que se aplica. ¿Si el TSJ revisa, cuál es el código que aplica? ¿o cuál debe ser el que apliquen los revisados? En materia penal, ya hay una suerte de autorregulación local en la que la justicia de CABA fue como un Packman tratando de capturar la investigación de delitos por competencias que todavía no fueron traspasadas. Toda una madeja de complejidades que los actores del sistema reconocen. Rosatti preside el Consejo de la Magistratura de la Nación, encargado de elevar ternas de candidatos a jueces (sobre todo por cantidad) que corresponden a la justicia nacional. Con el fallo del viernes, ¿dejará de proponer magistrados que debieran someterse a un tribunal de CABA? La vicepresidenta del Consejo es una jueza nacional. El TSJ porteño ¿quiere y puede absorber el volumen de recursos que deberían lloverle a partir de ahora?
Los jueces buscan juntarle la cabeza a los gremios para que sean la fuerza de choque y a las asociaciones de abogados para que acompañen en el lobby. Varias ya se expresaron con la creación de una instancia más para los justiciables que implica pasar por el filtro del TSJ. Que exige el pago de su correspondiente depósito. Temen timidez del Colegio de la Abogacía que preside Ricardo Gil Lavedra. ¿Los procesos serán más largos y la litigiosidad aumentará, en lugar de reducirse?
Las consecuencias oscilan entre escenarios imprevisibles y un gatopardismo feroz: que todo cambia para que nada cambie.
