“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, cita el escrito.
Desde la Procuración recordaron que, “durante gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades” y, en contraposición, destacaron que “desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y “cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal”.
Asimismo, subrayaron que “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”.
En ese marco, advirtieron que, frente al cumplimiento del Estado argentino, “los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.
Asimismo, señalaron que, en las últimas semanas, “Burford escaló la presión mediante una injustificada moción de desacato y la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina”.
Al respecto, aclararon que “dichas reservas son propiedad del Banco Central” y que, como tales, “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.
En esa línea, desde la PTN afirmaron que el discovery impulsado “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”.
Advirtieron que “los demandantes manifestaron de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”, una conducta que calificaron como “inaceptable jurídica y moralmente”.
Finalmente, ratificaron que “la República Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”.
