Son causas por hechos ocurridos durante le década de 1970 que involucran a Montoneros y el ERP, organizaciones política-armadas de la época. En general, no prosperaron porque los delitos que investigan fueron considerados prescriptos por la justicia. Un militar, policías y un secretario general de la CGT, entre las «víctimas».
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a insistir este martes con su bandera histórica: reabrir «todas las causas de víctimas del terrorismo», en referencia a muertes ocasionadas por el accionar de organizaciones armadas durante la década de 1970. En general, no prosperaron porque los delitos que investigan fueron considerados prescriptos por la justicia debido al tiempo transcurrido. Villarruel no está de acuerdo. En este momento, hay tres causas clave que intentan reabrir y podrían significar un cambio de paradigma sobre estos casos.
Las causas emblemáticas de las «víctimas del terrorismo» son tres. «Larrabure», quizás la más emblemática, trata sobre el secuestro y muerte de un militar en manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1975, hoy en la Corte Suprema. Las otras dos causas involucra a Montoneros. Una es «Bomba en Coordinación Federal», un atentado a un comedor de la Policía Federal ocurrido en 1976, actualmente en la Cámara Federal Porteña. La otra es «Rucci», el asesinato en 1974 del entonces Secretario General de la CGT José Ignacio Rucci, causa a cargo de Ariel Lijo, actual candidato del Gobierno a la Corte Suprema.
El punto central de estos casos es el debate sobre si estos hechos pueden o no ser considerados delitos de lesa humanidad. La justicia argentina calificó de esa manera a crímenes sistemáticos cometidos por el Estado que significaron una afrenta a la humanidad. Esto es importante, porque son delitos que no prescriben y pueden ser juzgados sin importar el tiempo trascurrido. Por eso, todavía siguen en pie decenas de juicios por la última dictadura. Hasta ahora, las causas que impulsa Villarruel no fueron consideradas de lesa humanidad.
Las causas clave
La causa «Larrabure» investiga la muerte del militar Argentino del Valle Larrabure ocurrida en 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, después de un año en cautiverio en manos del ERP. El 12 de agosto de 1974 había sido secuestrado por la guerrilla durante el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, en Córdoba, donde Larrabure era subdirector. Las condiciones de encierro fueron muy duras y murió «por asfixia». El ERP siempre sostuvo que se suicidó, en un descuido de sus captores. En cambio, sus familiares siguen denunciando que fue un asesinato.
En 2007, el hijo de Larrabure, Arturo, comenzó una campaña para reabrir la causa con el argumento de que el crimen de su padre constituía un delito de lesa humanidad. En 2018 la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el recurso que buscaba reabrir la investigación. Arturo Larrabure, hoy designado en el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri, apeló y hoy la causa está en la Corte Suprema.
Otro de los casos emblemáticos que enarbola Villarruel y otros organizaciones, es el atentado en la Coordinación Federal de la Policía Federal del 2 de julio de 1976. Aquel día un militante infiltrado de Montoneros colocó una bomba que provocó 25 muertes y 110 heridos. En 2003 se realizó el primer intento para impulsar una causa, pero en reiteradas oportunidades la Justicia se negó por el mismo argumento de «Larrabure», la prescripción. En 2022, la Cámara Federal porteña ordenó a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría que dicte un nuevo fallo porque el anterior no estaría debidamente fundamentado.
En tanto, la causa Rucci trata del asesinato del entonces líder de la CGT, crimen siempre atribuido por la organización Montoneros, aunque nunca reivindicó su autoría. Su hija, Claudia, hace años viene insistiendo en la justicia para que se reabra la causa. Ariel Lijo, el juez a cargo de la causa, resolvió en contra de ese pedido porque «no cumple las propiedades de los delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no puede quedar sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad». Claudia Rucci, hoy está al frente del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, designada por Victoria Villarruel, rechaza esta decisión e insiste.
