Desde el Congreso ratificaron que el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Salud, Mario Lugones, enviaron sus respectivas notificaciones anticipando la imposibilidad de asistir.
Las sesiones habían sido convocadas para tratar diversos temas, entre ellos pedidos de informes y explicaciones vinculadas a la gestión económica y a la Agencia Nacional de Discapacidad. Fuentes parlamentarias señalaron que, ante la ausencia de los funcionarios, las reuniones podrían quedar suspendidas por falta de sentido práctico.
Caputo ya había sido convocado en otras oportunidades, como durante el debate del Presupuesto 2025 y en instancias previas relacionadas con el caso conocido como $LIBRA, sin haberse presentado. En esta ocasión, tanto él como los otros funcionarios remitieron las notificaciones correspondientes a la Presidencia de la Cámara.
La decisión de los citados se formalizó mediante notas ingresadas al cuerpo legislativo durante la mañana, lo que deja en duda la realización de las sesiones previstas para la jornada.
Interpelación a Francos avanza, pero la opción de destituirlo pierde fuerza
En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se logró el martes dictamen para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por su decisión de no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El proyecto, respaldado por Unión por la Patria, Encuentro Federal y otros bloques, obtuvo 29 firmas como dictamen de mayoría. Se plantea que Francos acuda al recinto para ofrecer explicaciones, con la posibilidad de que luego se impulse una moción de censura si sus respuestas no resultan satisfactoria.
También consta un dictamen de minoría, impulsado por sectores que prefieren limitar la iniciativa a la interpelación sin avanzar explícitamente hacia la censura. En el debate público, algunos bloques expresaron reparos ante el uso de la moción de censura, aduciendo riesgo de uso político del mecanismo.
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido sancionada y promulgada, pero su implementación fue suspendida por decreto (el 681/2025) invocando la falta de un mecanismo de financiamiento. Para los legisladores que respaldan la interpelación, esa suspensión equivale a desconocer una norma aprobada por el Congreso.
Aunque el dictamen que habilita la interpelación ya está listo, la posibilidad de que prospere una moción de censura parece debilitada: no todos los bloques respaldan ese paso, y se requeriría una mayoría absoluta para concretarla.
