La bicameral de Inteligencia abrió una investigación sobre la participación ilegal de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad en la represión a los jubilados y citará a varios funcionarios, entre ellos, a la ministra Patricia Bullrich para deteminar su responsabilidad en los operativos. La Comisión de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el senador radical Martín Lousteau, decidió ayer por unanimidad abrir un sumario sobre la posible participación ilegal de integrantes de la SIDE en la brutales represiones desatadas en las últmas semanas, en una de las cuales se hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo.
Se estableció un cronograma de trabajo –cuyas fechas fijará el propio Lousteau— que va desde la recopilación de pruebas y documentos que aportarían las distintas Organizaciones No Gubernamentales y de Derechos Humanos que denunciaron ante la bicameral la participación de los servicios de inteligencia. Luego seguirá con la citación al renunciado Ricardo Ferrer Picado, que estaba a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad, continuará con el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert; y, por último, a la ministra Patricia Bullrich que comanda el llamado “Protocolo antipiquete”, que ella misma estableció y bajo el cual se montaron todos los operativos represivos.
Luego de la desmedida y violenta represión a los jubilados del 12 de marzo, que dejó gravemente herido al fotógrafo Grillo, el asesor presidencial Santiago Caputo convocó a una cumbre en su despacho de la Casa Rosada de la que participaron la ministra Bullrich y Neiffert, donde se habría diseñado el operativo de seguridad para la nueva protesta de los jubilados a la semana siguiente, que incluyó el vallado de todo el Congreso, el control de los vehículos que ingresaban a la Ciudad de Buenos Aires para frenar a los posibles manifestantes y hasta la amenaza represiva que se difundió por los parlantes de distintas estaciones en los ramales ferroviarios que llegaban ese día a las terminales capitalinas. Sobre esos operativos están puestas las miradas del Congreso.
“Nos alarma la participación de la Secretaría de Inteligencia en la coordinación de un operativo cuyo objetivo debería ser el asegurar las condiciones para que la manifestación se desarrolle de manera segura”, sostiene la presentación realizada ante la bicameral por Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) –que integran el Centro de Estudios Legales Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)–. La nota de las ONGs y la presión de Unión por la Patria, desencadenaron la reunión de ayer para analizar el tema.
La gravedad del tema no dio lugar para frenar cualquier iniciativa, a pesar de algunos cruces y debates entre los integrantes de la bicameral, de acuerdo a su postura frente al gobierno de ultraderecha. La decisión unánime fue abrir “un sumario”, que abrirá curso a una investigación y que arrancará con la recolección de documentos y el aporte de los organismos, como la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros. Luego seguirá con los ex y actuales funcionarios de los ministerios y organismos vinculados a los operativos represivos. En la lista figuran Ferrer Picado, a quien la propia Bullrich desplazó de la DNIC tras la brutal represión pero al que aún mantiene dentro de su ministerio; Neiffert como jefe de la Side; y la propia ministra de Seguridad y responsable de los operativos represivos. La información y los detalles que recopile la Bicameral marcarán el camino de la investigación.
Vuelo fantasma
No fue el único tema que debatió la Bicameral, aunque en el segundo no hubo acuerdo. Se trató de la denuncia pública del periodista de La Nación, Carlos Pagni, quien sostuvo que el 11 de marzo llegó a la Argentina un vuelo privado proveniente de Miami con una única pasajera, Laura Belén Arrieta (ligada a Acción Política Conservadora, el espacio de ultraderecha que Javier Milei frecuentó en su viajes a los Estados Unidos) con una cantidad de valijas que —según Pagni— no fueron revisadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ni la Aduana “por una orden de arriba”.
Arrieta, de muy buena relación con funcionarios libertarios, trabaja en la firma OCP TECH, una empresa de «soluciones tecnológicas» propiedad de Leonardo Scatturice, a quien el diario Clarín identificó como un exagente de la Side que tendría lazos con Santiago Caputo y le habría propuesto el nombre de Andrés Vázquez para la DGI. Scatturice vive en Miami, desde donde presuntamente vino el vuelo privado de Arrieta.
Pero en la bicameral se dividieron las opiniones. Los representantes opositores consideraron que había motivos para atender el debate. Pero los legisladores del oficialismo y sus aliados, como el PRO, sostuvieron que no se trataba de un tema de espionaje ni ligados a esos organismos, por lo que debía pasar a la Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, que preside el macrista Enrique Martin Goerling Lara. La solución fue entonces acordar solicitar una serie de medidas a la Aduana, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otras dependencias administrativas para luego determinar qué bicameral parlamentaria se encargará de la denuncia.
