La Confederación General del Trabajo respaldó la decisión del juez Martín Cormick, que dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad, y denunció que el esquema buscaba criminalizar la protesta social.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su conformidad con el fallo del juez Martín Cormick que suspendió el denominado protocolo antipiquetes, al considerar que la resolución del Ministerio de Seguridad avanzaba sobre atribuciones penales y procesales que exceden al Poder Ejecutivo.
A través de un comunicado, la central obrera valoró la decisión judicial que ordenó dejar sin efecto la resolución 943/2023, mediante la cual el Gobierno había establecido un protocolo para manifestaciones sociales que implicaran cortes de calle. La central sindical subrayó que la medida fue consecuencia de una acción de amparo impulsada por organizaciones sindicales y de derechos humanos.
Según expresó la CGT, el fallo se apoya en un argumento central: el Ministerio de Seguridad se había arrogado facultades en materia penal y procesal que no le corresponden y que son propias de otros poderes del Estado. Para la conducción sindical, ese exceso tornaba ilegal la aplicación del protocolo.
“La decisión judicial no es un fallo más”, remarcaron desde la central, al señalar que la resolución ahora anulada funcionaba como una herramienta de criminalización de la protesta, orientada a disciplinar la movilización social impulsada por trabajadores y organizaciones gremiales.
En ese marco, la CGT reafirmó su compromiso con la libre expresión y el ejercicio democrático de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, y advirtió que continuará defendiendo esos principios en todos los ámbitos disponibles.
“La CGT bregará por la libre expresión y no dudará a la hora de dar esta batalla en la calle, en la Justicia o en el ámbito legislativo”, concluye el comunicado, en una señal de continuidad del conflicto con el Gobierno en torno a las políticas de seguridad y protesta social.
cgt protocolo antipiquetes
La respuesta del Gobierno al fallo contra el Protocolo Antipiquetes
El Gobierno no tardó en salir a responder. Lo hizo, en primer lugar, a través de Monteoliva, quien entró en funciones como ministra luego del salto del Ejecutivo al Legislativo de Bullrich. «Sin protocolo no hay orden, hay caos», dijo en un mensaje de «X».
Luego cargó contra el juez al que acusó de «intentar avanzar» sobre el Protocolo Antipiquetes. «Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina», prosiguió.
Respecto a los próximos pasos, la ministra de Seguridad anticipó que se presentarán ante la Justicia en busca de una resolución favorable. «No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar», agregó. .
En defensa de la medida «antipiquetes» dijo que tiene «fundamentos técnicos, jurídicos y operativos» que intentarán defender «a toda costa» porque se trata de una herramienta «que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz».
