«Frente a un nuevo atropello del Gobierno Nacional, que avanza sobre la Justicia por medio de la Reforma Laboral, marchamos al Palacio de Tribunales en defensa de los trabajadores y trabajadoras», señaló la central obrera en un comunicado.
En su publicación, la CGT insistió: «En apoyo y solidaridad con el gremio de judiciales y en defensa de todos los trabajadores de la Argentina».
La movilización se enmarca en un conflicto desatado por la reforma laboral aprobada la semana pasada en Diputados, en la cual se habilita la cesión a CABA de los tribunales laborales que actualmente operan bajo la órbita nacional, en cumplimiento de la demanda autonómica del distrito.
Como respuesta, este lunes trabajadores judiciales tomaron la sede del Fuero Laboral ubicada en pleno centro porteño. En su reclamo, advierten que están en riesgo más de 1.600 puestos de trabajo.
El traspaso de la Justicia del Trabajo de Nación a la Ciudad de Buenos Aires en la reforma laboral
Diputados aprobó la semana pasada el dictamen modificado del proyecto que, además de cambiar sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo, redefiniendo el cálculo de indemnizaciones, las horas extras, las vacaciones y el derecho a huelga, entre otros puntos, también habilita la cesión a CABA de los tribunales laborales que actualmente operan bajo la órbita nacional, en cumplimiento de la demanda autonómica del distrito.
El Capítulo V de la reforma laboral, denominado «Acuerdo de Transferencia de la función judicial en material laboral», aprueba el convenio firmado semanas atrás entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, y ordena al Poder Ejecutivo a enviar al gobierno de Jorge Macri «los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo» para garantizar «su adecuado funcionamiento».
La iniciativa laboral volvió al Senado -tras la modificación del dictamen y la eliminación del artículo 44 de licencias médicas- y el próximo viernes se llevará a cabo la sesión para que sea ratificada o eventualmente rechazada en conjunto con el entendimiento entre las autoridades nacionales y porteñas por la justicia laboral.
En caso de ser aprobado, pone un plazo de 180 días para la entrada en vigencia, tiempo durante el cual deberán trabajar en el plan de transición para poner en marcha los juzgados del trabajo de la Ciudad. Además, remarca que será CABA la encargada de seleccionar los jueces e integrantes del Ministerio Público Fiscal que conformarán los diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y las dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
