El órgano, creado y ampliado por resoluciones 25/2024 y 48/2024 del Ministerio de Justicia de la Nación, se reunió en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal. Allí sus integrantes concluyeron la revisión integral del proyecto y efectuaron correcciones sobre diversos aspectos dirigidos a dar sistematicidad y coherencia al nuevo cuerpo de normas a la par de lograr un texto uniforme y de fácil lectura.
Además, analizaron algunas propuestas de autorizada doctrina para mejorar la redacción de los tipos penales aduaneros, varias de las cuales ya se encontraban receptadas en el nuevo documento. Entre los miembros de la comisión destacan figuras del ámbito jurídico, incluyendo al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
De igual modo, los miembros de la Comisión debatieron sobre la exposición de motivos del nuevo proyecto cómo así también la letra de la ley para su eventual sanción.
Con este encuentro, dicho órgano finalizó el tratamiento de las últimos figuras legales y efectuó los ajustes finales para concluir el proyecto de reforma integral del Código Penal que apunta a dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y que será presentado la semana próxima ante el Ministerio de Justicia de la Nación.
De la comisión también forman parte el juez Ricardo Ángel Basílico; los juristas Julio César Báez, Jorge Eduardo Buompadre, Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto y las juristas Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
Los cambios que propone el nuevo Código Penal
A principio de mes, al finalizar la etapa de redacción, se dieron a conocer una serie de cambios que introducirá el nuevo Código como “funcionario público” y “empleado público” que designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente; “mercadería” que designa a toda clase de efectos susceptibles de expendio y a las divisas; “estupefacientes” que comprende a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo.
Por su parte, el término “clandestinidad” que consiste en una ocupación subrepticia de la propiedad, con ocultación y aprovechando la ausencia del tenedor, poseedor o cuasi poseedor; en tanto “persona mayor” hace referencia a toda persona humana mayor de sesenta años de edad; y por “guardador” se entiende a quien tiene a su cargo o cuidado una persona menor de edad, por cualquier motivo, sin perjuicio de que la responsabilidad parental quede en cabeza del o los progenitores.
Por “tortura” se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tuvieran gravedad suficiente; “explotación” cuando existiera una relación de subordinación de la víctima con el autor respecto del ejercicio de su sexualidad. Mientras que “discriminación” y “discriminatorio” comprenden toda distinción, exclusión, restricción o cualquier otra conducta que implique jerarquización de seres humanos basada en religión, cosmovisión, nacionalidad, género, orientación e identidad sexual, condición social, filiación o ideología política, características étnicas, rasgos físicos, padecimientos físicos o psíquicos, capacidad disminuida, prejuicio racial o cualquier otro semejante.
Más tarde, el cuerpo se centró en el último título, del segundo libro, referido a los delitos contra la propiedad intelectual, allí avanzaron en los delitos contra los derechos de autor, contra la propiedad de marcas y designaciones, contra los derechos sobre modelos y diseños industriales y patentes, entre otros.
En ese contexto los expertos decidieron que quedan exentos de pena en relación con los delitos por derecho de autor, las bibliotecas; los archivos y los museos públicos o pertenecientes a instituciones sin fines de lucro; o instituciones científicas o establecimientos de enseñanza; o los integrantes de sus órganos, que hubieren intervenido en el hecho, siempre que la actividad se dirija al cumplimiento de sus fines institucionales, y cuando no afecten la explotación normal de la obra, ni causen perjuicio significativo a los intereses legítimos del autor o sus herederos.
Los integrantes de la Comisión decidieron incluir un Tercer Libro al Código Penal que tipifique los delitos contra la humanidad, la desaparición forzada de persona, el genocidio, los delitos de guerra y los delitos contra la administración de justicia de la Corte Penal Internacional.
Esta decisión es resultado de la necesidad de contener en un mismo marco una parte general propia de estos delitos, que tienen una naturaleza jurídica distinta de los restantes previstos en el anteproyecto.
Con ese objetivo, se incorporan a este nuevo libro reglas generales aplicables a estos delitos y definiciones contenidas en instrumentos internacionales, a fin de otorgarles autonomía.
Entre las reglas generales específicas que caracterizan a esta clase de delitos se encuentra la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena impuesta; la inaplicabilidad del indulto o la amnistía; la jurisdicción universal; la imposibilidad de invocar como defensa la obediencia debida a las órdenes de los superiores. Para su formulación se tuvieron en cuenta convenciones incorporadas a nuestro bloque de constitucionalidad y tratados sobre la temática a los que la Argentina se ha obligado.
La Jueza María Eugenia Capuchetti cerró el encuentro y puso de relieve la importancia del anteproyecto al decir “logramos un Código ordenado que integra toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es sistemático, eficiente y moderno”, que va a reemplazar, al que denominó metafóricamente, como un “torno de madera” y finalizó diciendo “fue un placer participar de esta Comisión en la que como equipo trabajamos con mucho esmero, dedicación y esfuerzo y que nos brindó, además, la satisfacción de llegar a este muy buen resultado”.
La Comisión, fue creada y ampliada por resoluciones 25/2024 del 28 de febrero de 2024 y 48/2024 del 13 de marzo de 2024, del Ministerio de Justicia de la Nación.
