Los legisladores que analizan las operaciones con la criptomoneda vinculada a allegados de Javier Milei volverán a encontrarse para definir el contenido del documento, que podría incluir observaciones políticas y pedidos de investigación penal por presunto entorpecimiento judicial.
A pocos días de la fecha fijada para entregar el informe final, la comisión investigadora del caso $LIBRA volverá a reunirse este viernes en la Cámara de Diputados para ultimar detalles sobre las conclusiones y los pasos a seguir en una trama que involucra presuntas transacciones con allegados al presidente Javier Milei y posibles maniobras de entorpecimiento judicial.
El cuerpo, presidido por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), se acercará así al cierre de una investigación que mantuvo durante semanas el foco público sobre los movimientos financieros vinculados al token digital “Libra” y su supuesta red de beneficiarios. De acuerdo con el cronograma interno, el informe final se presentará entre el 17 y el 18 de noviembre, luego de que los diputados definan en esta última sesión los puntos centrales del documento y las recomendaciones institucionales.
Como contó Ámbito, durante los meses de trabajo, la comisión detectó transferencias en dólares que vincularían a operadores cercanos al oficialismo con la operatoria cripto. Entre los datos verificados figuran movimientos por más de medio millón de dólares y operaciones que pasaron por plataformas internacionales como Binance y OKX. Pese a la relevancia de los hallazgos, ningún funcionario ni empresario citado se presentó a declarar ante los legisladores, lo que provocó críticas cruzadas y acusaciones de falta de colaboración.
Maximiliano Ferraro Juan Marino Diputados LIBRA
Maximiliano Ferraro, a cargo de la comisión investigadora $LIBRA.
A la par del análisis financiero, los diputados avanzaron en un reclamo formal hacia la Justicia federal, a la que acusan de limitar el acceso al expediente y de restringir la entrega de documentación clave. En los últimos encuentros, algunos miembros incluso plantearon denunciar penalmente al juez Marcelo Martínez De Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, por considerar que su actuación obstruyó el trabajo parlamentario.
La reunión de este viernes buscará cerrar esas diferencias y definir el tono del texto final, que podría incluir no solo observaciones políticas sino también pedidos concretos de investigación penal. Ferraro anticipó que el informe reflejará “la preocupación institucional” por la falta de respuestas oficiales y por la posible conexión entre la red de transacciones y actores vinculados al poder.
El caso Libra se convirtió, en los hechos, en uno de los frentes más sensibles para el Gobierno. Más allá de las dificultades judiciales y del hermetismo de los implicados, la comisión insiste en que su tarea permitirá dejar constancia de los movimientos detectados y de los vacíos de control. Lo que resta saber es si el documento final tendrá efectos más allá de lo declarativo o si, como tantas veces, el ruido político se impondrá sobre las consecuencias reales.
