La «orden de arresto» emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del presidente de Rusia, Vladímir Putin, busca dañar la imagen del presidente y perpetuar un discurso antirruso en la comunidad internacional, coincidieron especialistas.
Este 17 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) informó que tenía una orden de aprehensión contra el presidente Putin y la comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por supuestos delitos que el Kremlin ha rechazado tajantemente.
El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, asegura que dicha orden es «nula y sin efectos«, en una acción que tildaron de «indignante e inaceptable».
La analista geopolítica con especialidad en Europa del Este de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), Ana Teresa Gutiérrez del Cid, opinó que la «orden de arresto» contra el mandatario ruso responde a una cuestión «política y mediática», más que a una cuestión jurídica, dado que la decisión de la CPI no tiene efectos vinculatorios en Rusia.
Gutiérrez del Cid, autora del libro El regreso de la geopolítica. Rusia y la reconfiguración del poder mundial (2016), calificó la noticia como una estrategia más en la guerra mediática que emprendió Occidente contra Rusia y Putin desde febrero de 2022, con el fin de «tratar totalmente de oscurecer y de criminalizar la figura del presidente ruso» en el marco del conflicto en Ucrania.
«[El objetivo de la CPI fue] desgastar y criminalizar a la figura del presidente Putin a nivel mediático y a nivel internacional, pero también apoyar a Ucrania argumentando que se discuten crímenes de guerra», comenta la doctora en relaciones internacionales con estudios en Ucrania.
Según la experta, la molestia de Washington y sus aliados de Bruselas hacia Putin no es reciente, pues se trata de un líder político que «ha levantado a Rusia de un papel lamentable en el que se encontraba» a principios de los 2000 y que, además, detuvo la extracción de los recursos naturales del territorio ruso por parte de Occidente, cuando el país euroasiático era gobernado por Boris Yeltsin.
De este modo, la orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional «es otra forma de desprestigiar internacionalmente al líder ruso para la gente que no conoce su trayectoria».
En un sentido similar se expresó el politólogo Lucas Leiroz, quien declaró que la orden «acaba siendo una decisión sensacionalista» sin «validez jurídica ni documental».
«Simplemente crea una conmoción pública en el sentido de que un presidente de un país es ‘buscado’ por un tribunal internacional porque cometió algún delito específico cuando jurídicamente esto no tiene ninguna validez, pero tiene un peso emocional en la opinión pública porque los medios de comunicación adoptan la decisión como una verdad«, declaró Leiroz.
El especialista detalló que el anuncio genera un ambiente en el que «Putin y el Estado ruso son criminales cuando no entienden la cuestión jurídica e internacional que hay detrás de todo esto».
Leiroz considera que esta decisión es una especie de respaldo para «aumentar las justificaciones de las sanciones, que de por sí ya son ilegales».
«Ningún Estado tiene derecho a sancionar al otro (…), y estas maniobras, tanto la decisión de la Corte [Penal Internacional] como las medidas coercitivas, pretenden retroalimentarse mutuamente. En términos prácticos, también colaboran para que la opinión pública aumente su antipatía hacia el Gobierno ruso y perpetúe todas las formas de discurso antirruso y rusofobia que propagan los medios de comunicación», concluyó.
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