En una batería de fallos, el máximo tribunal ordenó a la jurisdicción nacional, junto con Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario y Victoria, a ejecutar el plan PIECAS-DP.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó este jueves al Estado Nacional y a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, junto con las ciudades de Rosario y Victoria, a ejecutar el plan PIECAS-DP ante la persistente quema de pastizales en el Delta del Paraná.
El máximo tribunal ordenó a las jurisdicciones a implementar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta, al detectar que los incendios se originan principalmente en jurisdicción de Victoria y que no hubo avances en las políticas preventivas acordadas.
La demanda había sido presentada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, que denunció daños por humo y hollín en Rosario y reclamó medidas urgentes para frenar los focos ígneos. Las provincias y municipios involucrados presentaron sus descargos con responsabilidades cruzadas.
Con las firmas de los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte reiteró que el PIECAS-DP es el espacio adecuado para coordinar políticas entre Nación, provincias y municipios, y sostuvo que el monitoreo del plan no corresponde al Poder Judicial, sino a las autoridades políticas.
El Tribunal resolvió condenar a todos los demandados a ejecutar el PIECAS-DP, instalar equipamiento de alerta temprana, avanzar con la red de Faros de Conservación y aplicar planes de control y manejo del fuego en el Delta, con costas.
La Corte Suprema confirmó la validez de la reforma previsional de Mauricio Macri
En una batería de fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia este jueves, también cerró un capítulo central en el debate por la reforma previsional al confirmar la constitucionalidad de la ley 27.426, la medida aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri que modificó el cálculo de los haberes jubilatorios y su movilidad.
Los tres cortesanos rechazaron por completo el planteo iniciado por Miguel Ángel Fernández Pastor, exdirector de ANSES, y dejó firme el esquema vigente desde diciembre de 2017.
La decisión del Máximo Tribunal se conoció siete años después de las masivas protestas y disturbios que rodearon la sanción legislativa de la norma.
El expediente llegó a la Corte tras una intensa disputa judicial en la que la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social había declarado inconstitucional uno de los artículos clave de la ley, lo que abrió un debate que finalmente la Corte cerró de manera definitiva.
