La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó este miércoles formalmente integrada para resolver en la causa conocida como Tabacalera Sarandí S.A., en el que se discute el pago del impuesto interno al tabaco por parte de esa empresa, en una guerra que lleva varios años.
El máximo tribunal -con integración que incluye conjueces- rechazó la seguidilla de recusaciones que había formulado la empresa que encabeza Pablo Otero, «el Señor del Tabaco», contra el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti y el conjuez Mariano Llorens. El tribunal también rechazó la excusación que había planteado otro conjuez, Mario Boldú, de la Cámara Federal de Posadas.
Vale recordar que el juez Carlos Rosenkrantz ya se había apartado. Eso generó que las decisiones que se tomaron en el expediente el año pasado fueran firmadas por el juez Rosatti, su colega Ricardo Lorenzetti y el ministro Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló en diciembre pasado a los 75 años.
En ese marco, Tabacalera Sarandí decidió pedir el apartamiento de Rosatti, del Procurador interino Eduardo Casal y de la procuradora ante la Corte, Laura Monti, en un intento por ganar más tiempo antes de una definición final.
Para resolver esa cuestión, entonces, hace dos semanas la Corte resolvió llevar adelante un sorteo entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país para intervenir como jueces del máximo tribunal. Allí salieron elegidos Patricia Moltini, de la Cámara Federal de Tucumán; Mariano Llorens, de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires; y Mario Boldu, de la Cámara Federal de Posadas, Misiones. En ese contexto, Boldu solicitó excusarse por razones de decoro y la empresa también recusó a Llorens.
Este miércoles, la Corte Suprema resolvió rechazar las recusaciones y excusaciones. De esta manera, el máximo tribunal quedó en condiciones de abocarse al resto de las cuestiones planteadas y al fondo de la cuestión: si la empresa debe o no pagar el impuesto.
El caso contra «el Señor del Tabaco»
“Tabacalera Sarandí” comercializa una serie de marcas, como Red Point, West, Master y Kiel, viene desde hace años reclamando en tribunales: cuestiona una reforma de impuestos internos que se firmó durante el gobierno de Mauricio Macri, en donde se estableció un aumento del 70 por ciento en esos tributos. La compañía alegó que la medida significaba un incremento en el precio al público de sus productos que la ponían en desventaja frente a empresas internacionales.
Durante su paso por tribunales, la empresa consiguió cautelares que le permitían no pagar ese impuesto, ante los planteos de la firma que aseguraba que se ponía en una situación de secesión de pagos y perdidas de trabajo. La ex AFIP apeló esa decisión. En mayo del 2021, la Corte revocó esa cautelar y ordenó que se le cobraran. Pero la empresa inició una nueva batería de cautelares y un planteo de inconstitucionalidad contra el impuesto al tabaco.
