La Corte Suprema juega al Gran Bonete. “¿Yo, señor? No, señor”. Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y dos asociados circunstanciales decidieron enviar un mensaje contra los juicios de lesa humanidad a días de las elecciones que tienen en vilo al gobierno de Javier Milei al firmar un fallo que dice que los represores no pueden permanecer detenidos sin condenas firmes por tiempo prolongado. Es la Corte Suprema la que debe confirmar esas sentencias, pero, además, son los supremos quienes no respondieron a los pedidos de organismos de derechos humanos y abogados para reactivar la comisión a cargo de acelerar estos procesos.
Cuando toda la atención estaba centrada en el cierre de campaña y la intervención de Estados Unidos para que el dólar no siga disparándose, la Corte dio su estocada. Firmó un fallo en el que revocó la decisión de prorrogar la prisión preventiva de Carlos Ernesto “Indio” Castillo, uno de los cabecillas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).
Castillo está detenido desde diciembre de 2013. Actualmente está alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo donde, según su propio relato, vive aislado por “una cuestión de higiene mental”. En una declaración que hizo el 9 de octubre ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, Castillo dijo que vivía “a las trompadas” con los militares porque son “insoportables”. Inquieto frente a la pantalla, Castillo dijo: “Me han apretado varias veces porque en mi celda tengo una foto de Eva Perón. No pienso sacarla”.
Castillo se quejó, además, de la decisión de Patricia Bullrich de mudar a Alfredo Astiz y otros represores que estaban en el penal de Ezeiza y por el diferente estándar del que gozarían los retirados de la Armada. “La Marina tiene hasta un podólogo que los atiende”, protestó.
En 2017, el TOF 1 de La Plata condenó a Castillo a prisión perpetua por los crímenes de la CNU. Actualmente, está en el banquillo en el juicio por 1 y 60, y pronto estará como acusado también en un segundo proceso sobre los delitos de la CNU. En su última declaración, el “Indio” osciló entre presentar a la CNU como una “escuela de formación” y confesar: “Muchas veces la policía no quería cruzarse con nosotros porque sabía que le íbamos a contestar el fuego”.
La Corte eligió su caso para hacer el gesto que muchos estaban reclamando. No se trata únicamente de Victoria Villarruel, que ha dicho que en los procesos se violaron las garantías. En marzo del año pasado, Patricia Bullrich habló de una política de venganza mientras se alentaba la versión de que iba a propiciar desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF) alguna medida para que no hubiera represores presos. “Los tienen hace quince años sin causa: eso en un Estado de Derecho no puede pasar; esas personas no pueden seguir presas”, había declarado la ministra de Seguridad. Desde hace años, otro que pone el foco en las prisiones preventivas prolongadas es Santiago Olivera, el obispo castrense elegido por Milei para enviar el saludo de las Pascuas.
La ley establece que una persona no puede estar más de dos años en prisión preventiva –es decir, sin tener una sentencia firme–. Únicamente puede prorrogarse por un año más. Esta discusión estalló con violencia en diciembre de 2008, cuando la Cámara Federal de Casación Penal decidió liberar a Jorge Acosta y otros represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) porque se habían vencido los plazos.
En 2012, la Corte Suprema enderezó esa situación con el llamado fallo “Acosta” –en referencia al jefe de inteligencia del grupo de tareas de la ESMA–. Allí, los supremos dijeron que, en casos de lesa humanidad, no solamente debía evaluarse el riesgo de fuga o la capacidad de entorpecer la causa, sino otras cuestiones como la complejidad de la investigación o los obstáculos para ser juzgados derivados del tiempo de impunidad que gozaron.
La Corte, que ahora se muestra preocupada por los tiempos, eligió un recurso que había presentado la defensa de Castillo contra un fallo de 2021. O sea, es una cuestión que llegó al máximo tribunal hace cuatro años.
El 27 de agosto pasado, la Secretaría Penal Especial, a la que fueron derivadas las causas de lesa humanidad, avisó que no había mayoría para sacar el fallo. La mayoría se da con tres firmas: para eso, Rosenkrantz, Rosatti y Ricardo Lorenzetti deben estar de acuerdo. Pero no lo estaban. El 3 de septiembre, fueron sorteados como conjueces Alejandro Tazza (Cámara Federal de Mar del Plata) y Abel Sánchez Torres (Cámara Federal de Córdoba).
En un mes y medio, se firmó el fallo –con la disidencia de Lorenzetti– cuyo mensaje principal es que “el deber de afianzar la justicia y de castigar los gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos en el país no autoriza per se a prorrogar la prisión preventiva por más de tres años”.
Este fallo es, de alguna manera, un coletazo del 2×1 –motorizado por Rosenkrantz y su secretario letrado Federico Morgenstern, para quien un sector del Poder Judicial trata a los militares como si fueran cucarachas, según declaró al DiarioAR. En ambas sentencias se habla de la prisión preventiva.
Desde la Corte hicieron saber que su fallo podría tener impacto en 400 represores, aunque es incierto ese número. El primer dato que surge de las estadísticas que produce la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad es que hay 540 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad. De esos, 454 están en prisión domiciliaria, lo que implica que el 84 por ciento de los represores están en sus casas. Ochenta y seis de ellos están en unidades del SPF. De esos, 64 están alojados en Campo de Mayo, donde, por ejemplo, desde el penal dijeron que no tienen las condiciones para atender a Juan Daniel Amelong, el represor presentado como “víctima” por Villarruel en el debate con Agustín Rossi.
Después del fallo de la Corte, Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo homónimo del comandante del Primer Cuerpo de Ejército, pidió su urgente excarcelación porque lleva casi 19 años detenido sin sentencia firme. Fue condenado a prisión perpetua en 2017, la Casación ratificó la sentencia, pero el tema aún sigue juntando polvo en la Corte Suprema.
Más allá de los planteos de represores que suscitará el fallo, hay otro efecto. La Corte buscó que quedara claro que se habían violado las garantías del debido proceso sin hacerse cargo de la parte que le toca como cabeza del Poder Judicial.
Los plazos extendidos son un problema que han señalado las querellas. El año pasado, la PCCH advertía que se demoran cinco años y nueve meses desde que una causa es elevada a juicio hasta que la Corte revisa el último recurso. Hay casos mucho más extremos, como el de Jaime Lamont Smart, que tiene siete condenas a prisión perpetua y ninguna firme. La primera sentencia contra el exministro de Gobierno bonaerense data de 2012.
Todos estos temas deberían haberse tratado en la Comisión Interpoderes, creada en 2008 precisamente para evitar las dilaciones en los juicios de lesa humanidad. Desde que Rosatti preside la Corte (2021), ese cuerpo no fue convocado. En noviembre del año pasado, una comitiva encabezada por los abogados Pablo Llonto, Elizabeth Gómez Alcorta y Eduardo Tavani fue a pedir personalmente la convocatoria. La única respuesta fue el silencio.
“El problema del fallo es la falta de mención o inexistencia de la cuestión de la política judicial detrás del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que ya está fijada desde hace 20 años. La Corte no se puede apartar de lo que ya se estableció como sistema en la Argentina. Con esta resolución, el tribunal parece posicionarse fuera del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y eso es inaceptable”, señala Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
