La Corte Suprema volvió a reclamar al Congreso que designe al Defensor del Pueblo, cargo vacante desde 2009, y que sancione una ley que regule los procesos colectivos.
La posición fue planteada por los jueces del máximo tribunal al cerrar la causa iniciada para extender el alcance del «fallo Badaro» a todos los jubilados y pensionados, que había sido presentada en 2007 por el último Defensor del Pueblo en el cargo.
En un voto conjunto, Rosatti y Rosenkrantz remarcaron que el trámite del expediente se vio condicionado por la falta de un Defensor del Pueblo que pudiera adaptar la demanda a los requisitos fijados por la propia Corte para los procesos colectivos, sobre los que señalaron que la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sumado a las demandas individuales resueltas en los últimos años, modificaron el escenario del reclamo.
Por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti sostuvo que «la extensa demora en la resolución» en la causa Badaro se debió a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo y advirtió que ese organismo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados en cuestiones patrimoniales.
El caso «Badaro» se remonta a la acción presentada en 2007 por el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien buscó que se aplicara a todos los jubilados el criterio de movilidad salarial fijado por la Corte en favor de Adolfo Badaro.
La demanda había sido rechazada por la Cámara de la Seguridad Social al considerar que se trataba de derechos individuales, lo que motivó la apelación que llegó al máximo tribunal.
Al reiterar su exhortación al Congreso, la Corte recordó precedentes como el fallo “Halabi” de 2009 y advirtió que lleva más de 15 años pidiendo sin éxito una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos en el país.
