Pese a los esfuerzos del Gobierno por impedirlo, esta semana el Criptogate desembarcará con fuerza en el Congreso y promete tensar aún más la relación entre el Ejecutivo y la Cámara baja. El martes se espera la interpelación de cuatro funcionarios clave: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que ya suena como candidato a ausentarse. Aunque la Constitución no prevé sanciones formales, su inasistencia podría leerse como un incumplimiento de los deberes de funcionario público, causal de juicio político. Desde Unión por la Patria advirtieron que “queda abierta la vía judicial para quienes no asistan”. Además, los diputados de ese bloque se entusiasman: si los funcionarios eluden sus responsabilidades, el escenario podría impulsar el avance de la Comisión Investigadora, que comenzará a sesionar al día siguiente. En Balcarce 50, mientras tanto, trabajan para resolver la situación con el menor costo político posible.
El miércoles, la agenda parlamentaria marca la primera reunión de la Comisión Investigadora. Con 28 integrantes y una paridad quirúrgica entre oficialismo y oposición, la guerra de interbloques ya abrió la puerta a una parálisis premeditada, con el sello del presidente de la Cámara, Martín Menem. Pero la tarde del Viernes Santo arrojó una sorpresa: la diputada radical Soledad Carrizo —contabilizada hasta entonces entre los 14 que acompañarían al oficialismo— se desmarcó de la estrategia libertaria y declaró: «No veo por qué poner obstáculos para que esto pueda seguir hacia adelante». La frase fue celebrada como una bocanada de oxígeno por los bloques de Democracia para Siempre y Unión por la Patria.
Sin embargo, las negociaciones para definir autoridades serán tensas, y no descartan ningún escenario: incluso que el oficialismo vacíe la comisión para impedir el quórum. Desde uno de esos bloques adelantaron a Página/12: “Vamos a tener que constituir la comisión con el artículo 108 del reglamento. Está citado en la resolución. Dice que pasada media hora, se puede poner a funcionar con un tercio de la gente”. De ese modo, pasadas las diez y media del miércoles, los diputados podrían constituir la comisión y designar a su presidente con apenas diez presentes. Una jugada de reglamento que ya está sobre la mesa.
De cara al martes, el grupo de secretarios parlamentarios que motorizó la creación de la comisión trabaja contrarreloj durante el fin de semana largo de Pascuas, para reunir los 129 diputados necesarios que habiliten la sesión en la que los funcionarios serán interpelados. Entre los bloques también se define el esquema de preguntas, los turnos y las prioridades. Serán dos jornadas clave en la ofensiva parlamentaria contra el escándalo que sacude al corazón del Gobierno.
