El fiscal federal Ramiro González con competencia ante la Cámara Nacional Electoral, propuso al Tribunal confirmar la decisión de la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires que rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir todas las boletas de la provincia. Quedarían con la foto de José Luis Espert. En su dictamen, consideró que hacer lugar al pedido era fácticamente imposible y que se ponía en riesgo la elección en sí misma.
En su presentación el fiscal analizó los informes del Correo, la Dirección Nacional Electoral y de los funcionarios a cargo del control que verifican fallas de impresión, numeración, encuadernado o corte y la preparación previa para su entrega al Correo Argentino -escaneo, encintado, control final y preparación de bolsines-. Su conclusión fue que no se cuenta con el tiempo necesario como para imprimir y distribuir lo que sería el nuevo instrumento de votación.
“Si mis cálculos son correctos, la reimpresión de la Boleta Única Papel para el distrito, traslada el conflicto o la posibilidad de confusión propia de la oferta electoral de una agrupación, al riesgo de realización conforme a la ley del acto electoral mismo”, dijo el fiscal.
Consideró que, en abstracto de acuerdo a los informes el día 11 de octubre era la última fecha para enviar el archivo a las imprentas y comenzar los simultáneos procesos que terminan el 26 de octubre.
Como recién el sábado se confirmó la disposición final de los candidatos y candidatas de la Alianza, tampoco la Junta Electoral cuenta con la foto que remplazaría a la actual que permitiría hacer la prueba de impresión y aprobación del modelo final de la BUP con el procedimiento de audiencias de control previsto en la ley. Esto, según el fiscal federal González “fuerza a concluir que ordenar una nueva impresión de los talonarios de boletas sería, cuanto menos, inoficioso e ineficaz aun en el marco de las previsiones de los recurrentes”.
Decenas de casos: antecedentes
El fiscal Ramiro González recordó el compromiso del Ministerio Público Fiscal y de la Cámara Nacional Electoral durante este proceso electoral para garantizar elecciones informadas y libres de confusiones ideológicas, materiales, aún las que surjan de la literalidad y que pudieran poner en cuestión la genuina expresión de la voluntad popular.
Citó decenas de casos sobre modificaciones al nombre de alianzas, sobre los colores similares de las agrupaciones en las Boletas Únicas -muchos se refieren a planteos de LLA para preservar su color violeta- y sobre probables confusiones por la ubicación de las listas o la denominación abreviada de una alianza. Recordó, incluso, la orden de la Cámara para agregar el sobrenombre de un primer candidato que había sido omitido.
El fiscal dijo que los citaba para ejemplificar “el empeño de los actores del fuero electoral en el análisis y decisión de supuestos que, en tiempo oportuno, permitieron dirimir planteos de fuerzas políticas de todos los nombres y colores, siempre teniendo como norte un aporte al voto libre, informado y exento de confusiones, particularmente, frente a un instrumento de votación completamente novedoso para las elecciones nacionales”.
Este caso es «fácticamente imposible»
El fiscal federal González dijo que así como fue posible el muchos casos saldar estas cuestiones, ahora “retrotraer el avanzado cronograma electoral a instancias, técnicamente precluidas con el objeto de evitar una probable confusión en la oferta electoral de una agrupación, ya es muy complejo de abordar. Pero cuando lo que se pone en riesgo es ya directamente la elección misma, la conclusión es forzosa”.
Por eso, destacó como sustancial el informe de los funcionarios de la Secretaría Electoral que, además, “transitan en el día a día el terreno y las peripecias que implica semejante empresa, fácticamente imposible».
En el dictamen se citan casos anteriores de “imposibilidad fáctica” de reimpresión de boletas que fueron atendidos por la Cámara y destacó la validez a un instrumento y los votos que se recogen en él para la Libertad Avanza aún cuando no se tratara de la lista oficializada. Como ejemplo, puso el caso de Santiago del Estero en el que la Corte declaró invalida la reelección, pero la Cámara ante la premura habilitó el uso y la validez de boletas ya impresas.
La conclusión del fiscal ante la Cámara fue contundente. Dijo que “resulta imposible, fundamentalmente, en términos facticos cumplir con el procedimiento de ley -oficializar un nuevo modelo de boleta, exhibirlo en audiencia, aprobarla, reimprimirla; controlar, preparar y distribuir los casi cuarenta mil talonarios- y, al mismo tiempo, garantizar el legítimo pronunciamiento del pueblo a través de su cuerpo electoral el 26 de octubre”
