En línea con la decisión política del Gobierno nacional de desregular y reducir estructura burocrática del Estado, la Inspección General de Justicia (IGJ) dio de baja el denominado “Registro de Entidades Inactivas” (REI) que a la fecha estaba integrado por 523.800 firmas e instituciones privadas.
El REI estaba conformado por instituciones que se supone, no habían completado la presentación de una declaración jurada de datos obligatoria establecida por una resolución de 2010 a través de la cual tenían que informar, entre otras cosas, sede social, autoridades vigentes, estados contables y CUIT.
El objetivo de tal medida tomada hace 15 años era “planificar e intensificar las tareas de fiscalización y actualizar la base de datos de las sociedades comerciales, sociedades constituidas en el extranjero y binacionales como así también de las asociaciones civiles y fundaciones”. El plazo de presentación era de 60 días.
Quien ideó el “Operativo Declaración Jurada” fue el entonces inspector General de Justicia , Marcelo Mamberti, y el trámite, según dice el propio organismo de control, resultó inservible y generó incertidumbre a los afectados.
La realidad es que debido al cúmulo de papeles que se produjo en el organismo, en 2014 la IGJ decidió ir prorrogando los plazos de presentación de la DDJJ. Los que no completaban el requisito se los sumaba al REI y se le impedía realizar otros tipos de trámites. En 2016, se desbloqueó a este grupo de empresas y comenzó a aceptar trámites sin que hayan presentado la DDJJ.
El trámite se terminó de derogar en 2017 en una resolución que se fundamentó en la «necesidad de descomprimir y encauzar adecuadamente las labores de las distintas áreas afectadas». No obstante, esa resolución estableció que los que estaban en el REI debían terminar de presentar la Declaración Jurada..
Lo mas destacado de la medida, que terminad de derogar el Registro, es que el organismo fundamenta tal decisión en que todo el operativo generó complicaciones administrativas dentro de su propia estructura y que el registro de empresas inactivas no sirvió para nada:
“El REI, debido a su carácter eminentemente estático, no refleja un panorama fidedigno sobre la real situación de inactividad de las personas jurídicas privadas que se encuentran incluidas en el mismo ni aporta información relevante respecto de dichas entidades; y a consecuencia de ello, la información emergente de sus asientos carece de utilidad para la elaboración de estadísticas certeras al mismo tiempo que constituye una fuente de incertidumbre para los sujetos interesados, los terceros y los organismos nacionales e internacionales de contralor de diversa naturaleza”, dice la norma que se publica en el Boletín Oficial.
La IGJ facilita la presentación de información atrasada
Por otro lado, la IGJ informó que habrá plazo entre el 1ro de febrero hasta el 31 de diciembre para que empresas y sociedades que están retrasadas con la presentación de sus estados contables y actas de directorio de períodos anterios puedan ponerse al día con ese requisito.
Tendrán que completar el pago de un único formulario de “Presentación fuera de termino de estados contables” según el tipo de entidad que corresponda, y sin perjuicio de la documentación relativa a ejercicios anteriores que voluntariamente quisieran presentar.
Las Fundaciones, además de presentar los estados contables adeudados, acompañarán las correspondientes reuniones de Consejo de Administración aprobatorias de los mismos, adjuntando el plan trienal de acción por el trienio siguiente y, con relación al último ejercicio contable concluido.
