A través de una carta abierta dirigida este lunes a los legisladores nacionales, la Iglesia Argentina marcó su postura sobre la baja de la edad de imputabilidad penal. En el documento, firmado por Cáritas Nacional y las comisiones episcopales de Pastoral Carcelaria y Pastoral Social, expresaron su rechazo al proyecto al advertir que “no resuelve el problema”, sino que “lo profundiza”.
“Reducir la edad de imputabilidad no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”, advirtieron. En ese sentido, pidieron priorizar políticas de salud mental y educación por sobre el enfoque punitivo. Además, señalaron que la iniciativa “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico.
“Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, sintetiza la carta, que además cuenta con el respaldo de organismos e instituciones como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, asociaciones de psicólogos, psiquiatras, magistrados y defensores de los derechos de la niñez.
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El escrito retoma los lineamientos del documento «Más oportunidades que penas», publicado en 2025 por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y se apoya en la experiencia territorial de la Iglesia en barrios populares, parroquias, escuelas, centros barriales y Hogares de Cristo, donde se trabaja cotidianamente con niños, adolescentes y jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad.
La carta abierta a los Legisladores
En el texto, la Iglesia local reconoce que fue convocada al debate parlamentario. No obstante, cuestiona que sus aportes, así como los de otras organizaciones especializadas, no fueron tenidos en cuenta ni se ven reflejados en el contenido del proyecto de ley. “A decir verdad, hemos sido ‘escuchados’; sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes en el proyecto”, destacan.
Los obispos advierten que el uso del dolor social con fines mediáticos o electorales bloquea una discusión seria y profunda sobre las causas estructurales del delito juvenil. “El delito existe, y no es una opción no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras”, sostienen.
Además, el documento subraya la falta de condiciones institucionales y presupuestarias para implementar un nuevo régimen penal juvenil. En ese sentido, la Iglesia se pregunta si el Estado está realmente en condiciones de garantizar tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, atención en salud mental y dispositivos adecuados para la reinserción social.
Desde una perspectiva científica y jurídica, recuerdan que el cerebro adolescente aún se encuentra en desarrollo, especialmente en las áreas vinculadas al control de los impulsos y la toma de decisiones, lo que pone en duda la lógica de aplicar penas de adultos a menores. En esta línea, rechazan el repetido eslogan “delito de adulto, pena de adulto” y remarcan que la intervención penal debe ser siempre la última respuesta.
Incluso, advierten que el proyecto presenta “serios cuestionamientos de constitucionalidad”, al contradecir la Constitución Nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La carta también señala que los países con edades de imputabilidad más bajas registran mayores tasas de homicidios, mientras que Argentina, con un umbral mínimo de 16 años, se ubica entre los países menos violentos de la región. “El ingreso temprano al sistema penal no sólo no resuelve el problema, sino que profundiza el daño”, reafirman.
Para cerrar, la Iglesia cita una frase del papa Francisco: “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez”, y vuelve a insistir en una idea central: los adolescentes no son una amenaza, sino “presente y esperanza”.
Así, la Iglesia concluye que más castigo no es la respuesta y que la solución pasa por la educación, las políticas públicas sostenidas y la generación de oportunidades reales para una vida digna.
