La historia de América Latina está marcada por una constante que se repite una y otra vez: la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestras naciones. Esta práctica, que se extiende desde el siglo XIX hasta nuestros días, representa una de las mayores amenazas para el desarrollo democrático genuino y la soberanía de nuestros pueblos.
La injerencia estadounidense no es un fenómeno reciente ni casual. Desde la Doctrina Monroe en 1823, Estados Unidos se autoproclamó como el guardián del hemisferio occidental, estableciendo un precedente que justificaría décadas de intervenciones militares, golpes de estado respaldados por la CIA y presiones económicas diseñadas para mantener a los países latinoamericanos dentro de su esfera de influencia.
Los casos son innumerables y dolorosos: el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973, las intervenciones en Nicaragua durante los años 80, el apoyo a dictaduras militares en Argentina, Brasil y Uruguay, y más recientemente, los intentos de desestabilización en Venezuela y Bolivia. Cada uno de estos episodios comparte un denominador común: la subordinación de los gobiernos latinoamericanos a los intereses geopolíticos y económicos estadounidenses.
Esta interferencia sistemática ha generado consecuencias devastadoras para el desarrollo político y social de la región. En primer lugar, ha debilitado las instituciones democráticas al promover la idea de que los cambios políticos legítimos pueden ser revertidos mediante presiones externas. Cuando un gobierno elegido democráticamente no se alinea con los intereses de Washington, inmediatamente se activan mecanismos de presión que van desde sanciones económicas hasta el apoyo a grupos opositores.
En segundo lugar, esta dependencia ha perpetuado un modelo económico que beneficia principalmente a las corporaciones multinacionales estadounidenses. Los tratados de libre comercio impuestos bajo presión política han destruido industrias locales y han aumentado la vulnerabilidad económica de nuestras naciones.
En ese marco asistimos a una nueva intromisión por parte de los EEUU en nuestra política local, esta vez de la mano de Scott Mastic, vicepresidente de Programas del Instituto Republicano Internacional (IRI), el influyente think tank ligado al partido que lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Hace pocos días, en una entrevista que realizó por motivo de su visita a nuestro país señaló que “el Partido Comunista Chino representa la mayor amenaza a la libertad humana que hay en todo el mundo hoy en día” .
Es llamativa la selectividad moral de este personaje que se olvida el papel que jugó EEUU en todos y cae uno de los golpes de Estado que sufrió nuestra región.
Esta selectividad moral revela la naturaleza instrumental de los argumentos democráticos estadounidenses. La democracia que promueven no es la democracia real, basada en la soberanía popular y la autodeterminación, sino una democracia tutelada que funciona dentro de los parámetros establecidos por Washington.
La verdadera democracia requiere soberanía. Un pueblo no puede ser verdaderamente libre si sus decisiones políticas fundamentales están sujetas al veto de una potencia extranjera. La construcción de sociedades justas y prósperas en la región en general y en nuestro país en particular, exige el reconocimiento de nuestro derecho inalienable a la autodeterminación. Y en ese plano, llevar adelante vínculos comerciales con uno de los actores mas importantes del mundo sin la intromisión de terceros, es parte de nuestro derecho como nación soberana.
Esto no significa, claro está, la subordinación a otra economía, porque como dijo un importante pensar nacional, no se trata de cambiar de collar.
Es imperioso, para la construcción de un mundo multipolar, que ya no se busque la universalización de un sistema de valores determinados a partir de la estigmatización de todos los demás sistemas de valores y culturas, y que se construya el establecimiento de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo. Esto significa , entre otras cosas , la construcción de un proyecto político y económico soberano que busque aumentar nuestro margen de maniobra en el escenario internacional.
Es momento de que los pueblos latinoamericanos rechacemos categóricamente cualquier forma de injerencia externa en nuestros procesos políticos. Debemos exigir a nuestros gobiernos que defiendan la soberanía nacional y que construyan políticas exteriores independientes, orientadas por los intereses de nuestros pueblos y no por las presiones de Washington.
La democracia real comienza con el reconocimiento de que somos nosotros, y solo nosotros, quienes tenemos el derecho y la responsabilidad de decidir nuestro destino. Cualquier interferencia externa, por más que se presente envuelta en retórica democrática, constituye un atentado contra la voluntad popular y debe ser rechazada con firmeza.
Solo cuando logremos liberarnos de las cadenas de la dependencia podremos construir las sociedades prósperas, justas y verdaderamente democráticas que nuestros pueblos merecen.
* Abogada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur
