Otro fallo judicial dejó en ridículo al Ministerio de Capital Humano y desnudó sus excusas para justificar el recorte de políticas alimentarias. A contramano de la denuncia de Sandra Pettovello, el juez federal Daniel Rafecas decidió archivar por inexistencia de delito la causa por el supuesto direccionamiento durante el gobierno anterior de la compra de 12 millones de paquetes de yerba de 1kilo, que la cartera decía –además– que estaba en mal estado, no apta para ser consumida por humanos. En la investigación judicial intervino el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y se sumó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que analizaron muestras. «Ambos concluyeron que los productos correspondientes a las firmas ‘Sierras del Imán’ y ‘El buen ojo'», que habían sido cuestionados, «son aptos para el consumo de conformidad con los parámetros establecidos por el Código de Alimentos, quedando descartado el potencial peligro o daño para la salud», dice la sentencia, a la que accedió Página/12. También avala la evaluación del proceso licitatorio y de calidad que había hecho la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que tenía convenio con el exministerio de Desarrollo Social mientras que el Instituto de la Yerba Mate no había recibido ni una sola denuncia sobre el tema.
Así arma parte de su relato el gobierno de Javier Milei, para instalar que exfuncionarios y las organizaciones sociales que dan de comer en merenderos y comedores populares son «la casta»: dicen que tienen una auditoría o que la van a hacer y anticipan una sentencia sobre supuestos. En este caso, el de la yerba mate, armaron un show de la mano de la exsubsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, ahora lanzada a una carrera política mileísta, pero el fallo de Rafecas dejó al descubierto, según surge del texto, que el caso no tenía sustento alguno. La denuncia había sido presentada el 3 de junio último, a modo de contraataque, unos días después de que saliera a la luz la imagen más palpable de la política de hambre: las 5000 toneladas de alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. Este hecho llevó a otro magistrado, Sebastián Casanello, a dictar una medida cautelar que le ordenaba al gobierno elaborar un plan de distribución de lo que tenía guardado, entre otras cosas, leche en polvo a punto de vencer. La causa se había iniciado cuando el dirigente Juan Grabois denunció la interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios.
Esta no es la primera resolución judicial que deja al descubierto este tipo de maniobras desde Capital Humano. El juez federal Ariel Lijo archivó el mes pasado una de las primeras presentaciones judiciales de Pettovello-Gianni donde se cuestionaba a la exSecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por supuestos «desembolsos sin control» y desvíos de fondos destinados a Espacios de primera infancia. El fiscal Franco Picardi advirtió que la denuncia consistía en “un confuso copy & paste» de un informe viejo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que contenía simples observaciones administrativas sobre rendiciones de cuentas, que incluso habían sido subsanadas. La propia Sigen había dado cuenta de esas mejoras pero esta parte la omitieron. Presentaron el material como si fueran “gestiones, auditorías e investigaciones” propias. Cuando la fiscalía le pidió a Gianni ese material, no entregó nada. Picardi y Lijo concluyeron que no había ningún delito para juzgar.
La yerba que no era mala
«Despejadas las dudas acerca de la calidad de la yerba mate y su potencial daño a la salud y descartada la posible intervención espuria en el proceso licitatorio por parte de la casa de estudios que analizó dichos productos, no existen otros elementos que avalen la hipótesis de un posible direccionamiento de la licitación en favor de las empresas seleccionadas o permitan comprobar comisión de alguna conducta delictiva o que resulte susceptible de reproche en este ámbito», dice el fallo de Rafecas. «No han surgido a lo largo de la investigación –agrega– elementos de prueba que den cuenta de un comportamiento de los funcionarios intervinientes tendiente a la obtención de un lucro o beneficio indebido para sí o para alguno de los sujetos que intervinieron en las conductas denunciadas, como para tener por acreditado» un delito, como el de administración fraudulenta que invocaba Gianni. «Tampoco se pudo vislumbrar un perjuicio económico concreto en las arcas del Estado Nacional como para cumplir con el daño al patrimonio estatal…», concluye la sentencia.
Capital Humano había difundido en varios medios que la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el exjefe de gabinete Agustín Rossi, eran responsables con su firma de la compra, que describían como irregular de los 12 millones de kilos de yerba por 18.200 millones de pesos. El argumento era que la licitación estaba direccionada y la yerba en mal estado. Mostraban un estudio privado que se habría hecho con anterioridad sobre muestras de la yerba en cuestión. Objetaban que, además, hubiera intervenido la UNSAM «avalando la calidad en la yerba» y consideraban que se hizo para eludir al Instituto Nacional de la Yerba Mate, ante lo que el juez dice que era con esa casa de estudios que el ministerio tenía convenio y con el Instituto en cuestión ni siquiera lo tenía el gobierno actual. Es más: fue el propio Instituto que dirigió una nota a Capital Humano en julio de este año donde le solicita que evalúe la posibilidad de ser el encargado de controlar la yerba mate destinada a sectores socialmente vulnerables adquiridas en licitaciones públicas.
El juez cuestiona que «el propio ministerio que realiza la denuncia no prevé que sea el Instituto de la Yerba Mate cuya falta de intervención en la licitación objeta, la entidad exclusivamente encargada de certificar los productos en cuestión». Agrega que ese Instituto no había recibido denuncias pese a informaciones que trascendían en algunos medios ni tampoco el Ministerio de Salud de Misiones. El propio Ministerio de Capital Humano informó a través de la Unidad de Auditoría Interna que no había recibido ninguna solicitud para hacer auditorías no planificadas sobre la licitación de la yerba y la resolución afirma que «las auditorías llevadas a cabo por ese ministerio no incluyeron la denunciada en la presente» (sic) causa. O sea: no se sabe de qué auditoría hablan.
Al SENASA Capital Humano mismo mandó muestras de yerba mate adquirida en 2023 de las marcas ‘Sierras de Imán’ y ‘El buen ojo’. El juzgado encomendó igual tarea al INAL. Ambos estudios arrojaron que la yerba estaba en buenas condiciones y podía ser consumida. Así, dice el juez, «la opinión vertida por la UNSAM, puesta en duda por el Ministerio de Capital Humano, fue ratificada por dos de las entidades que analizan la yerba mate, una de ellas a requerimiento del propio organismo denunciante».
«Falta de higiene»
En el contexto de este expediente, en agosto último se hizo una inspección en el galpón de Villa Martelli donde estaban parte de los miles de kilos de alimento acopiado y como informó este diario habrían encontrado excremento de gato en la mercadería y olor a orín rodeando los productos allí acopiados. El fallo lo describe así: «detectaron distintas no conformidades e incumplimientos al Código Argentino de Alimentos, tales como falta de higiene en general, presencia de plagas, envases de alimentos y humedad». En una segunda inspección pusieron todo en orden y «se determinó que el establecimiento se encontraba en adecuadas condiciones de higiene, mantenimiento y apto para el almacenamiento de alimentos en condición de no refrigerados, quedando el mismo sujeto a inspecciones de seguimiento».
Crítica a la judicialización
El uso del «derecho penal» «debe cumplirse dentro del límite de lo estrictamente necesario y por aplicación del principio de intervención mínima» «por lo que habrá de considerarse la intervención estatal por medio del derecho penal solo como último recurso», dice el fallo. Lo mismo había señalado Picardi al pedir el cierre de la causa de los centros de primera infancia. Rafecas cuestionó que en el caso de la yerba se puso una investigación en marcha solo para confirmar que «los extremos denunciados se sostenían únicamente por consideraciones vagas y/o genéricas del denunciante, y que no contaban con un respaldo probatorio objetivo». Todavía quedan otras denuncias similares de Pettovello para justificar el desmantelamiento de las políticas sociales, pero ya son dos las que mostraron ser, según dos jueces, pura fachada.
