El juez Guillermo Díaz Martínez prohibió además continuar con las auditorías basadas en la normativa cuestionada y disponer nuevas suspensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.
En un plazo de 24 horas, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tendrá que reestablecer todas las pensiones no contributivas que fueron suspendidas en Catamarca tras la decisión del Juzgado Federal N° 2 de la provincia, que hizo lugar a una medida cautelar. Así, la dependencia nacional tendrá que pagar los haberes retenidos a sus titulares.
El juez Guillermo Díaz Martínez también prohibió continuar con las auditorías basadas en la normativa cuestionada y disponer nuevas suspensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa. Previo a la orden judicial, el Ejecutivo ya había decidido poner en pausa estas medidas la semana pasada.
La acción de amparo contra la ANDIS
El fallo llegó tras una acción de amparo impulsada desde la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Catamarca y varios ciudadanos de forma independiente. El objetivo de la demanda conjunta fue declarar nula las suspensiones de las pensiones por invalidez laboral en el ámbito provincial. También reclamaban que el procedimiento de auditorías se atuviera a los parámetros constitucionales y legales y que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 843/24, que modificó los requisitos para acceder a las pensiones.
En detalle, apuntaron que el decreto que restringe acceso a pensiones es inconstitucional al argumentar que estas barreras contradicen directamente los principios de progresividad y no regresividad en materia de discapacidad. A su vez, también señalaron que las auditorías realizadas por la ANDIS se llevaron a cabo de forma «irregular y lesiva».
En Catamarca, según consta en la causa, la baja de pensiones comenzó en julio. Los titulares de estos beneficios se enteraron de la interrupción directamente por la falta de pago de sus haberes. En algunos casos, recibieron notificaciones por carta documento que debían retirar del Correo Argentino, las cuales estaban redactadas en un lenguaje técnico complejo y, según los denunciantes, presentaban defectos en los requisitos exigibles.
