Una nueva resolución judicial en EE.UU. añade tensión al conflicto legal que enfrenta Argentina por el control de su principal petrolera, la estatal YPF. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este lunes el pedido del Gobierno argentino de suspender temporalmente la orden que exige entregar el 51 % de las acciones de la empresa, a cambio de una indemnización por la nacionalización de 2012, informó La Nación.
Argentina tiene ahora tres días hábiles para presentar una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y evitar quedar en situación de desacato si no cumple con la orden.
En su resolución, la jueza Preska dijo que Argentina «continúa demorando y eludiendo sus obligaciones en virtud de la sentencia no suspendida».
La Corte estadounidense dictaminó a fines de junio que Argentina debe transferir el 51 % de sus acciones en la petrolera estatal YPF a dos fondos demandantes, como forma de pago parcial de una sentencia de 16.100 millones de dólares por la expropiación de la compañía.
La orden establece que dichas acciones deben depositarse en una cuenta de custodia global gestionada por BNY Mellon en Nueva York, en un plazo de 14 días, y transferirse a los demandantes dentro de un día hábil luego del depósito.
El Gobierno de Javier Milei pidió la suspensión del fallo por considerarlo «inaplicable», alegando «inmunidad soberana». Pero la respuesta de Preska confirma el rechazo.
El fallo se produjo porque Argentina no cumplió con una condición previa fijada por la jueza en noviembre de 2023: Preska había ofrecido suspender la ejecución de la sentencia si el país depositaba una garantía (especie de fianza judicial) en acciones de YPF, mientras avanzaba el proceso de apelación.
El litigio se originó por la expropiación de YPF en 2012, cuando Argentina tomó el control de Repsol sin ofrecer una oferta pública a accionistas minoritarios —Petersen y Eton Park— que luego llevaron el caso a la Justicia estadounidense y consiguieron una sentencia de 16.100 millones de dólares en 2023 a través de Burford Capital, fondo de litigios que representa a los demandantes.
