El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos revocó este miércoles la prisión preventiva del exgobernador Sergio Urribarri y de su cuñado Juan Pablo Aguilera, por lo que ambos recuperarán su libertad hasta que sus condenas por administración fraudulenta queden firmes.
En plena feria judicial, los integrantes del Tribunal Leonardo Portela y Germán Carlomagno consideraron que no está acreditado el riesgo de fuga y dispusieron la libertad de los condenados. En disidencia, el juez Miguel Giorgio votó por el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva.
Urribarri y Aguilera se encuentran detenidos en la Unidad Penal Número 1 de Paraná desde el pasado 19 de noviembre, cuando la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos -por pedido de la fiscalía- ordenó su «inmediata captura» al anular un fallo anterior que les había permitido seguir en libertad hasta que quede firme la condena.
Ahora, tras el fallo de este miércoles del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, el exgobernador y su cuñado podrán recuperar su libertad. Entre otros argumentos, Portela y Carlomagno explicaron que «no existe peligro de entorpecimiento en la investigación, ya que la etapa de investigación está clausurada» y que el «‘peligro de fuga’ que advierten los tribunales inferiores, no posee anclaje concreto en circunstancias de la causa».
«Resulta irrazonablemente arbitraria la medida cautelar de prisión preventiva decretada por la Cámara de Casación el 19/11/2024, que fundó tal decisión meramente en las características del hecho delictivo en cuestión, sin la existencia de un verdadero peligro de daño jurídico, lo que transforma a la medida en un anticipo de pena«, remarcaron.
Además, «se acredita suficiente arraigo de los encartados en nuestra provincia, donde conviven con sus respectivos grupos familiares». Por último, recordaron que «la invocada posición económica que fuera sostenida por el a quo como uno de los elementos que posibilitarían el riesgo de fuga, se aventa con las medidas cautelares -embargos e inhibiciones- dispuestas oportunamente sobre los bienes de los imputados».
La investigación
Urribarri fue condenado en 2022 a ocho años de prisión efectiva por delitos contra la administración pública cometidos durante su gestión, entre 2007 y 2015.
Por los mismos delitos de “peculado” y “negociaciones incompatibles” con la administración pública también fueron condenados Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Juan Aguilera, cuñado y exfuncionario de Urribarri.
El juicio se había iniciado en septiembre de 2021. Sobre un total de 13 imputados, fueron absueltos cinco: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Céspedes (fallecido durante el proceso) y Gustavo Tórtul, Alejandro Almada y Maximiliano Sena.
Según el Tribunal de Juicios y Apelaciones de la provincia Entre Ríos que lo condenó, Urribarri «echó mano a fondos» provinciales para un «interés netamente particular», en referencia a una «campaña para posicionar su imagen como candidato a presidente» en las elecciones de 2015.
También determinó que hubo contrataciones de empresas para publicaciones de solicitadas, para la instalación de un parador playero en Mar del Plata, para difundir spots de promoción de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014, y para publicidad callejera y en diarios y revistas.
