El Juzgado Federal de Campana dictó la invalidez del veto del presidente Javier Milei a la ley que declaró la emergencia en discapacidad. El juez Adrián González Charvay indicó en un fallo publicado este lunes que “el derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias”. El amparo había sido presentado por los padres de dos chicos con autismo, a quienes les negaban los tratamientos necesarios para su estímulo y desarrollo.
Los fundamentos del magistrado para considerar nulo el veto presidencial se centraron en el carácter inconstitucional de la medida. De a cuerdo a lo dispuesto por el juez, antes que el equilibrio fiscal, la prioridad debe ser salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, cuestión totalmente ignorada en la medida tomada por el Presidente.
De a cuerdo al relato del padre de los niños, los chicos tienen trastorno del espectro autista y asisten a dos colegios diferentes. En ambos casos, las autoridades le habían advertido a las familias de las dificultades económicas que atravesaban por el ajuste del Gobierno nacional. Puntualmente, se refirieron a los bajos aranceles que cobran los profesionales a cargo de las terapias y los recortes en el servicio de transporte.
Con este fallo judicial, se abre la posibilidad de que muchas otras familias afectadas por el recorte del gobierno ultraderechista presente acciones similares para garantizar los derechos de las personas a su cargo. De todas maneras, al tratarse de un fallo de primera instancia, el Gobierno todavía puede apelar la medida.
¿Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad que Milei vetó?
El proyecto aprobado por el Congreso busca modificar las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas. Con este cambio, las personas podrían obtenerlas si tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), a contramano de las últimas decisiones del Gobierno sobre la cuestión.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta medida podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Implicaría un «refuerzo fiscal del 0,22% y 0,42% del PBI«, y el plan es financiarlo con una reasignación de partidas presupuestarias.
Además, el proyecto propone atar a la inflación los aumentos para los profesionales y darles un bono de $100.000 con el objetivo de compensar lo que perdieron por la inflación. Este incremento se financiaría con fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y el Programa Incluir Salud. El aumento presupuestario que se necesita para esto es apenas del 0,03% del PBI, mientras que para los talleres protegidos, el aumento costaría tan solo un 0,0008%.
