La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata removió un fallo que declaraba inconstitucional el cobro de una Tasa Vial por cargar combustible.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata revirtió este miércoles un fallo de primera instancia que le impedía a la ciudad de Mar del Plata cobrar una Tasa Vial. Ocurrió el mismo día que el Gobierno pidió a las provincias que promuevan la derogación de las «tasas municipales».
Tras una presentación del diputado provincial Guillermo Castello de La Libertad Avanza (LLA), un juez de primera instancia declaró inconstitucional una Tasa Vial que se cobra de cada vez que se carga combustible en la Intendencia de General Pueyrredón, donde se encuentra la ciudad de Mar del Plata.
El fallo de primera instancia fue en agosto del año pasado. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo consideró que el cobro de la tasa no brindaba ninguna prestación, por lo que se asemejaba más a un impuesto. Además, según el fallo, estaba colisionando con el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos que prevé la ley nacional 23.966.
El Municipio de General Pueyrredón, gobernado por Guillermo Montenegro (PRO), apeló el fallo y consiguió que la Cámara de Apelaciones le diera la razón. En sus considerandos, los jueces sostuvieron que «la tasa se define como una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien tiene una estructura jurídica análoga a la del impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo y prestación de una actividad estatal que atañe al obligado».
El diputado libertario Guillermo Castello criticó el fallo. «La Justicia contencioso administrativa ES EL GARANTE de la recaudación de la Casta Política», cuestionó en su cuenta de X.
El Gobierno le pidió a las provincias que promuevan la derogación de las «tasas municipales»
Con el fin de «evitar incrementos en la presión tributaria», el Ministerio de Economía envió una nota a las provincias para pedirles que «implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las tasas» cuyo valor «no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio».
El Gobierno consideró que estas tasas son «ilegales y arbitrarias» y remarcó que «incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales».
Al respecto, precisaron que la solicitud es para eliminar aquellas tasas municipales que coincidan con hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables o que no respeten la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
