La Justicia laboral le puso un límite al silencio del Gobierno. El Juzgado Nacional del Trabajo N°10 ordenó al Ministerio de Capital Humano que explique por qué hace más de seis meses no se convoca al Consejo del Salario, el ámbito tripartito donde Estado, sindicatos y empresarios deben fijar el salario mínimo, vital y móvil.
El pedido judicial no es menor. La ley exige reuniones cada dos meses, y la última fue antes del invierno. Desde entonces, la ministra Sandra Pettovello –una de las funcionarias más blindadas del gabinete de Javier Milei– optó por evitar un debate incómodo para el gobierno, mientras la inflación y la caída del poder adquisitivo golpean los ingresos más bajos.
Las CTA piden diálogo y respeto a la ley
La acción fue impulsada por las dos CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores, encabezadas por Hugo Godoy y Hugo Yasky. Ambos denunciaron que el Gobierno vulnera convenios internacionales de la OIT y el propio artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un salario digno y a la negociación colectiva.
“El salario mínimo no puede ser una decisión unilateral del Ejecutivo”, advirtió Yasky. El reclamo apunta a que se restablezca el diálogo social y se actualicen los montos del salario mínimo conforme a los parámetros legales, hoy desfasados frente al costo de vida.
Bajo la lupa judicial
La resolución judicial obliga a Pettovello a responder en un plazo de tres días. No se trata solo de una formalidad; la Justicia pone así en cuestión la estrategia del Gobierno de congelar los espacios institucionales de discusión salarial.
