Apenas dos meses después de asumir como interventor de la obra social de los peones rurales (Osprera), Marcelo Petroni, estampó su firma en un acta con una droguería, el 23 de enero de este año. Se trataba de un acuerdo administrativo para regularizar cuatro meses de deuda y garantizar la provisión de medicamentos. El contrato era millonario. Ahora, la Justicia investiga más de 100 facturas diarias emitidas por montos totales que superan los 7 mil millones de pesos. Las denuncias que salpican al entorno más cercano del Presidente.
Los números hablaban por sí solos. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, Osprera transfirió a la droguería Suizo Argentina más de 7700 millones de pesos. Solo en enero, se hicieron 101 giros, récord absoluto en comparación con meses anteriores. Aun así, la deuda reconocida con Suizo Argentina supera los 3000 millones, lo que obligó a refinanciar y renegociar constantemente.
El acuerdo fijó que la obra social pagaría de forma escalonada las facturas atrasadas y a 60 días las nuevas, siempre y cuando la droguería mantuviera la provisión de medicamentos, incluidos los oncológicos de alto costo.
Un interventor demasiado conectado
El fiscal federal Guillermo Marijuan analiza el caso y ya citó como prueba mensajes de WhatsApp del propio Petroni. En ellos, el interventor se define como parte del círculo político oficialista: “Nosotros somos Lule (Menem) y Karina (Milei)”, escribió en un chat. Para la Justicia, esos vínculos son clave para entender cómo una de las mayores cajas sindicales del país terminó controlada por la Casa Rosada.
El convenio con Suizo Argentina no es el único frente polémico. También quedó expuesto un contrato con HTech Innovation SA, una empresa creada en 2024 por un socio de Martín Menem, de nombre Sergio Aguirre, que debutó con facturas millonarias emitidas exclusivamente a Osprera. Una postal que refuerza la idea de que la intervención abrió la puerta a negocios millonarios bajo la justificación de la crisis.
Osprera, Suizo Argentina y el poder de los Menem
El expediente avanza con una hipótesis concreta: que el Gobierno diseñó un plan para quedarse con el control de la Uatre, el sindicato rural. Con ese eje, el fiscal Marijuan pidió al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria al secretario de Trabajo, Julio Cordero; al diputado libertario Pablo Ansaloni; al interventor de Osprera, Marcelo Petroni; y a otros tres involucrados.
La justicia considera que la intervención de la obra social de los peones rurales no fue un movimiento técnico, sino una jugada con peso político y vínculos familiares en el corazón del poder libertario.
Mientras tanto, en los escritorios se negocian contratos millonarios y planes de pago con una de las droguerías más cuestionadas del país. Pero abajo, lejos de los despachos oficiales, más de 700 mil afiliados siguen esperando lo básico: que la medicación llegue a tiempo.
