La Justicia resolvió que el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, continúe detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, en el marco de la condena que recibió en 2022 por uso ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales.
El exembajador de Israel había presentado un habeas corpus tras conocerse la resolución de la Cámara de Casación de Paraná que ordenaba su detención y la de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Sin embargo, la jueza de garantías Carola Bacaluzzo desestimó el pedido y ambos continuarán privados de su libertad.
La magistrada entendió que la herramienta utilizada por la defensa de los detenidos no era la adecuada, y explicó que aún «pueden recurrir a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Se puede instar a que los pasos procesales sean expeditivos. Un procedimiento abreviado».
Sergio Urribarri fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos, por una causa vinculada a la corrupción. Como la condena no está firme, no comenzará a cumplir su pena, por lo que Casación ordenó su prisión preventiva.
La inmediata detención de Sergio Urribarri
La detención de Sergio Urribarri se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia de la provincia probó que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales, a través de contratos de imprenta y publicidad.
El exgobernador -que durante el gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Israel– fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023. Urribarri presentó un recurso extraordinario y tiene todavía la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta su condena.
La causa en la que se pidió la detención de Urribarri
En la misma causa en la que está involucrado Urribarri, también fue removida de su cargo la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, que enfrentó un jury por mal desempeño. Goyeneche coordinó el equipo de investigadores que avanzó contra Urribarri, gobernador de Entre Ríos (2007-2015), aliado del kirchnerismo.
Ahora, Goyeneche apuesta a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene su caso a estudio, la restituya en su cargo. En abril pasado, el máximo tribunal le pidió al Superior Tribunal de Entre Ríos que le envíe el expediente completo para analizar el planteo contra la destitución.
Cuando la Cámara de Casación de la provincia confirmó la condena de Urribarri afirmó que toda la prueba de la causa fue “legítimamente reunida” y que a los acusados se les garantizó el debido ejercicio de su defensa. Según la Casación, esta investigación tuvo pruebas de “un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de hechos”.
Los delitos por los que está condenado Urribarri son peculado y negociaciones incompatibles con el cargo. La sentencia confirmada fue dictada, por unanimidad, el 7 de abril de 2022.
