La Ley de Desarrollo Local que impulsa el Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Minería, incorporará una matriz socioeconómica destinada a relevar y monitorear el impacto que genera la actividad en la provincia. La creación de este sistema representa un hito histórico para San Juan y una iniciativa inédita en la gestión minera local, al establecer por primera vez un mecanismo integral para medir de forma objetiva y permanente el aporte de la minería al desarrollo económico y social.
La herramienta buscará ordenar información sobre empleo, contratación de proveedores y desarrollo comunitario para convertir esos datos en indicadores que permitan medir, con mayor precisión, cuánto aporta la minería al crecimiento de los departamentos donde se desarrolla.
La iniciativa forma parte del proceso de digitalización que lleva adelante la cartera minera y apunta a centralizar en una única plataforma la información proveniente de los distintos proyectos. El objetivo es dejar atrás los análisis aislados para contar con una visión integral de la actividad y de sus efectos sobre el territorio.
Según la fundamentación técnica elaborada por el Ministerio, el módulo fue concebido para transformar datos dispersos en una herramienta estratégica de gestión pública. La intención es que la minería no solo sea evaluada a partir de sus indicadores productivos, sino también por su incidencia en la sostenibilidad, la equidad y el desarrollo socioeconómico de la provincia.
Desde el Ministerio entienden que disponer de esos datos en tiempo real facilitará la toma de decisiones y permitirá ajustar políticas públicas según la evolución de los indicadores.
Entre los beneficios previstos figura la posibilidad de identificar comunidades o zonas que no estén captando de manera suficiente los beneficios de la actividad, detectar oportunidades de mejora y comparar resultados entre distintos proyectos para replicar experiencias exitosas.
La apuesta del Estado
El desafío consiste en que el Estado provincial asuma un rol más activo en la generación de valor social derivado de la actividad minera. Bajo esa mirada, la información sobre empleo, proveedores y comunidades deja de ser un registro estadístico para convertirse en una herramienta de planificación.
Para sostener el sistema se proyecta la participación de un equipo interdisciplinario con funciones asociadas al análisis de impacto económico, la auditoría de datos, la infraestructura tecnológica, el marco regulatorio y el seguimiento de indicadores sociales.
La propuesta también prevé el trabajo sobre tres ejes: el sector privado, mediante el seguimiento de información aportada por las empresas; el sector público, a través de la coordinación de programas estatales en departamentos mineros; y las comunidades, mediante acciones periódicas de participación y relevamiento de necesidades locales.
La meta final es construir una base de información que permita anticipar demandas, planificar intervenciones y acompañar el crecimiento de las regiones mineras con criterios objetivos.
