El próximo 8 de julio vence el plazo de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases, por lo que la motosierra por decreto que viene aplicando el Gobierno de Javier Milei para desguazar el Estado estará más limitada.
A partir de esa fecha, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, solo podrá utilizar los procedimientos habituales para establecer reformas: presentar proyectos en el Congreso o dictar decretos comunes, sujetos a control parlamentario y judicial.
El Gobierno no solo está preocupado en el corto plazo por el fin de las facultades delegadas, sino también por las dificultades que enfrentará en el Congreso para ratificar el veto a una ley.
Según sus cálculos, en caso de que la nueva fórmula jubilatoria que avanza en el Senado se convierta en ley y el Gobierno decida vetarla, necesitará 87 legisladores para ratificar el veto, mientras que el oficialismo solo cuenta con el respaldo de 72 legisladores (LLA, PRO y algunas minorías afines).
Agenda inmediata sin «superpoderes»
Esta semana, el Senado inicia el debate de la ley de jubilaciones (7,2 % de recomposición y movilidad por IPC), mientras que Diputados continúa trabado en Inocencia Fiscal por falta de firmas en Presupuesto.
Sin las facultades delegadas y con aritmética adversa para sostener vetos, Milei deberá negociar ley por ley mientras su ministro de Desregulación redefine el tablero desde el que impulsará la siguiente ola de recortes y ajustes.
En ese escenario, en Casa Rosada se está estudiando la creación un marco regulatorio “post-Bases” para que Sturzenegger canalice sus paquetes de desregulación sectorial.
