La llegada a la ciudad de Tartagal de entre 1.600 y 1.900 militares en el marco de la Operación Julio Argentino Roca, lanzada por el Ministerio de Defensa de la Nación como parte de una ampliación del Plan Güemes, de refuerzo del control en la frontera norte, no se hizo sentir por ahora en la cotidianidad del paso internacional que une a Salvador Mazza con el Estado Plurinacional de Bolivia.
Según reportaron a este diario habitantes de ambas localidades, por ahora se mantiene la expectativa, y el temor, sobre la forma en que impactará el refuerzo de controles en el fluído tránsito internacional que existe en esta frontera seca. En tiempos de inflación descontrolada en la Argentina, el mayor movimiento lo aportan habitantes nacionales que van a Bolivia a hacer sus compras diarias. Esa práctica viene dificultándose desde el lanzamiento del Plan Güemes, pero se mantiene.
La Operación Roca fue anunciada a mediados de abril por el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, en el acto de ampliación del Plan Güemes, cuya aplicación, impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador Gustavo Sáenz, comenzó en diciembre del año pasado en el departamento Orán y ahora se extendió a los departamentos San Martín y Rivadavia. Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos de izquierda vienen alertando sobre una profundización de la represión estatal bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
En ese marco, ayer los abogados David Leiva y Oscar Rodríguez, reconocidos por su labor en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar, se sumaron a esta alerta. «La democracia como sus instituciones están en peligro», advirtieron después de analizar el decreto ley 1112/24, de Sistema de defensa nacional y otra normativa, como la ley 23.554, de defensa nacional; el decreto 727/06, que la reglamentó; la ley 24.059, de seguridad interior y la ley 25.520, de inteligencia nacional.
Leiva, que reside en la ciudad de Orán, y Rodríguez, aseguraron que el gobierno nacional está haciendo una «tergiversación» de la legislación. «Se está desarrollando una lógica que necesariamente lleva a una profundización de la persecución penal sin límites. La deriva es de alcances impredecibles. Obsérvese que se habilita que se ejerza inteligencia interna a través del ejército en zonas rurales, prohibidas por ley».
A su vez, «esta construcción tiene la lógica de una declaración de guerra, con todo lo que ello habilita; sin guerra declarada, sin enemigo extranjero ubicado, con lo cual se volverá indefectiblemente en contra del pueblo argentino», alertaron en un escrito titulado «Consideraciones para el debate del campo popular» en el que convocan a la organización para resistir estas medidas.
«Lo que se está disponiendo es un aparato represivo nacional que arrancó con el protocolo Bullrich, y avanzó hasta esta inaceptable construcción ilegítima que, sin duda, debido a la injerencia militar reforzará la represión interna del pueblo argentino», insistieron.
También subrayaron el hecho de que con estas medidas el gobierno nacional «con un simple decreto ley avanza sobre facultades otorgadas» al Consejo de Seguridad Interior.
Advirtieron, asimismo, que el texto del decreto 1112/24 es tan amplio que permite el despliegue de las fuerzas armadas en todo el país. Particularmente, cuestionaron el artículo 13 del decreto, que organiza el país en «Áreas Estratégicas para Planeamiento Militar Conjunto para facilitar la planificación y preparación de futuras operaciones militares”.
«Ya tenemos todo una historia acerca de la repartición del territorio nacional en áreas», recordaron en referencia a la cuadrícula establecida por las fuerzas armadas para la represión ilegal durante la última dictadura. En esos años el Regimiento de Infantería de Monte 28 con asiento en Tartagal, base operativa ahora para la Operación Roca, estuvo comprendido en la subárea 322-1. «La injerencia ilegítima militar no puede ser más clara. Todo el país controlado por las fuerzas de seguridad y por las fuerzas militares, mientras se somete al pueblo a situaciones de indigencia», afirmaron Rodríguez y Leiva.
También cuestionaron la actuación del gobernador de Salta, al que le reprocharon que «está permitiendo injerencias, afectando el principio republicano y federal constitucional».
En el mismo tono, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos de izquierda convocaron anteayer a una conferencia de prensa para advertir sobre la gravedad de la participación de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior.
En esa línea recordaron que el gobierno de Javier Milei, «en acuerdo con Sáenz», autoriza a las fuerzas armadas «a proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia. Esto ya lo vivimos en el 2001″, afirmaron con la presencia en Tartagal y General Mosconi de la Gendarmería Nacional que reprimió y asesinó a cinco trabajadores del movimiento piquetero.
En el presente, «ya tuvimos dos ejemplos de la impunidad que le otorga Bullrich a las FFAA, con el asesinato de 2 jóvenes trabajadores: Fernando Gómez, de Salta, e Ivo Torres, de Jujuy, a manos de la Gendarmería», agregaron. El trabajador de frontera Fernando Gómez fue asesinado el 18 de diciembre, en un operativo encuadrado en el Plan Güemes en Orán.
Las organizaciones precisaron que con la llegada de las fuerzas armadas a Tartagal, se sumarán más de 10.000 efectivos, entre miembros del Ejército, Gendarmería, Prefectura y la Fuerza Aérea; de los cuales 1.300 se quedarán en forma permanente en las áreas de intervención, afirmaron. Añadieron que el operativo prevé «el despliegue de efectivos militares en provincias como Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Corrientes».
Las operaciones se extienden ahora a Tartagal, Salvador Mazza y Aguaray, en el departamento San Martín, y el extremo noreste de la provincia, Santa Victoria Este y Misión La Paz, ya en el departamento Rivadavia, que también linda con Paraguay.
