Millones de ecuatorianos rechazaron el domingo eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el territorio nacional y la elaboración de una nueva Constitución nacional, en un referéndum y una consulta popular impulsados por el presidente Daniel Noboa.
El mandatario sufrió una dura derrota en este referéndum, donde el ‘No’ se impuso en las cuatro preguntas. Un 60,64 % de los ecuatorianos votó por mantener la prohibición a bases extranjeras vigente en la Constitución desde 2008, que establece: «El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras».
Noboa consideraba esta medida imprescindible en su lucha contra el crimen organizado y buscaba mayor poder para doblegar a las numerosas bandas criminales, apostando a la cooperación internacional bajo la narrativa de la necesidad de más presencia militar externa.
La excandidata presidencial por el Movimiento Revolucionario ciudadana, Luisa González, criticó dicha propuesta, considerándola una subordinación a intereses externos. «Somos un pueblo de diferentes culturas pero con un valor y un amor por la Patria que le dijo ‘No’ a las bases militares extranjeras porque nos quieren introducir en conflictos armados internacionales», expresó González al celebrar el triunfo del ‘No’.
Estrechando lazos con EE.UU. y Blackwater
Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, Noboa ha estrechado lazos con EE.UU. en temas de seguridad y migración. Incluso recibió a la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, quien recorrió las bases militares de Manta y Salinas para evaluar el potencial despliegue de bases de su país en Ecuador.
Sin embargo, la voz de los ecuatorianos echó por tierra esta iniciativa, recordando que Estados Unidos ya operó una base militar en Manta entre 1999 y 2009.
En esta misma línea, en la primavera, el mandatario ecuatoriano anunció una «alianza estratégica» con Erik Prince, fundador del ejército privado Blackwater, para «fortalecer» las «capacidades de lucha» de las fuerzas locales contra el narcotráfico. Esto despertó la preocupación de organizaciones de derechos humanos por el modo de actuar de sus integrantes y el riesgo de violación de los derechos ciudadanos fundamentales.
«La presencia de estas empresas en países bajo la premisa de mantener el orden público no ha logrado una pacificación social efectiva. Por el contrario, ha exacerbado los conflictos, perpetuando su necesidad y asegurando sus ingresos a expensas del sufrimiento de las poblaciones locales», comunicó entonces la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu).
