Mientras Nación insiste en recortar gastos y fija un techo del 1% para las paritarias del sector público, La Rioja tomó otro camino. El gobernador Ricardo Quintela anunció este lunes una mejora salarial para los trabajadores estatales de la provincia que, en las categorías más bajas, alcanza el 16%. La mejora se compone de un incremento del 4,5% en el salario básico más un bono de $80.000, que se percibirá con los haberes de agosto.
“Detrás de cada puesto de trabajo hay familias”, escribió Quintela en redes sociales, donde volvió a apuntar contra el ajuste “feroz” del gobierno nacional y la quita de fondos coparticipables. En su mensaje, defendió la política salarial como una decisión política que busca “priorizar a los trabajadores y sostener el Estado sin despedir a nadie”.
El aumento se aplicará también a áreas sensibles como Salud, Seguridad, Justicia y Educación, donde la suma será remunerativa. Además, se otorgarán $40.000 a beneficiarios de programas, becas, tutorías y personal vinculado, que no suele quedar contemplado en los aumentos tradicionales.
La decisión, consensuada con los gremios estatales, llega en un contexto de recorte en la inversión pública provincial, que –según informó el Ejecutivo riojano– se ajustó en un 30% para sostener los sueldos. “No es el aumento que quisiéramos dar, pero es el máximo esfuerzo posible”, admitió el mandatario.
El anuncio marca una línea clara frente al modelo de Javier Milei. Mientras Nación pisa y congela salarios, La Rioja apuesta por el salario como motor económico y herramienta de contención. Una postura que, en tiempos de recesión y ajuste, no sólo desafía al Gobierno central, sino que también revaloriza el rol del Estado provincial.
Córdoba duplica la jubilación mínima: fuerte contraste con el ajuste de Milei
Córdoba se sumó a las provincias que desmarcan su política salarial del mandato ultraderechista. El gobernador Martín Llaryora anunció un aumento del 84,21% para las jubilaciones mínimas provinciales, que pasarán de $380.000 a $700.000, y un bono bimestral de $100.000 para quienes cobren hasta $1.300.000.
La medida, que beneficiará directamente a 57.000 jubilados, se apoya en el fallo favorable de la Corte Suprema por la deuda que Nación mantenía con la Caja de Jubilaciones. Mientras el presidente Milei insiste con “pisar” el gasto público, y vetar aumentos a los jubilados, las provincias empiezan a marcar un rumbo propio en defensa del ingreso de los sectores más vulnerables.
“Gobernar también es estar al lado de quienes más lo necesitan”, sostuvo Llaryora, evitando confrontar abiertamente con la Casa Rosada, pero dejando en claro que su gestión apuesta por reforzar el Estado provincial como red de contención.
Al igual que en La Rioja, donde el gobierno de Quintela otorgó aumentos que superan la inflación, la administración cordobesa avanza con políticas que, aunque condicionadas por la situación macroeconómica, buscan preservar el poder adquisitivo. En tiempos donde el discurso oficial promueve la motosierra como única herramienta, las provincias peronistas ensayan otro libreto: el de gobernar sin ajustar por abajo.
