La oposición amigable ha muerto. No tanto por la falta de devotos del dialoguismo –Rodrigo de Loredo y Miguel Ángel Pichetto siguen firmes levantando la bandera del consenso–, sino más por el crecimiento de una pulsión opositora que muestra cada vez más interés en generar alianzas para ponerle límites a Javier Milei. Más interés o, de mínima, menos rechazo. «Se está perdiendo miedo a votar con el kirchnerismo», lo resume un alfil pichettista. Es así que, el ex Juntos por el Cambio no macrista se anima a negociar más abiertamente una agenda con el peronismo para restringir la motosierra libertaria. Se intentó con las universidades y las jubilaciones y se falló, y el objetivo, ahora, es ir contra un objetivo más grande: quitarle a Milei la posibilidad de legislar vía DNU reformando la ley que los regula. Y, en el mientras tanto, quizá rechazar algún otro DNU.
La reforma de la ley 26.122 es un tema de conversación recurrente en la oposición desde que Milei, al poco de asumir, publicó el decreto 70 que eliminó decenas de leyes– de Alquileres, de Tierras, de Compre Argentino– y desreguló las prepagas. Cada vez que Germán Martínez (UxP) insistía en rechazar el DNU 70 la respuesta, más esquiva, de radicales y diputados de Encuentro Federal (EF) era reformar la ley que los regulaba. Unión por la Patria se resistía, en parte, porque la ley había sido impulsada por Cristina Fernández de Kirchner en 2006, pero también porque era conciente que, de volver a ser gobierno, el peronismo también se enfrentaría a un Congreso fragmentado frente al cual echaría de menos la herramienta del DNU. Ante la imposibilidad de conseguir el número para voltear el DNU 70, sin embargo, el peronismo se plegó a la estrategia de la ex oposición dialoguista.
Entre UxP, los lilitos, los pichettistas de EF, la izquierda y una parte de la UCR -el ala radical más oficialista se resiste a acompañar’-, la oposición se siente bastante segura de tener el número para impulsar la reforma en el recinto. Y La Libertad Avanza lo sabe. Javier Milei ya adelantó que vetará la reforma de sancionarse y denunció que la oposición estaba buscando llevar a cabo un «golpe de Estado» por querer «cambiar las reglas de juego a mitad de camino». Es por este motivo que, cualquier estrategia opositora para impulsar la reforma, debe también pensar en el día después de la sanción.
Alcanzar los dos tercios para resistir al veto está fuera de discusión, al menos de momento. El PRO, por más que presentó proyectos de reforma de la ley de DNU – que, a modo de chicana, la oposición insistió en incluir dentro del debate -, ya anticipó que no acompañará la ley. Algunos apuestan a incomodar a algunas diputadas macristas, como Silvia Lospennato, pero en la oposición predomina la convicción de que el PRO ya cerró con Milei. El ojo está puesto, entonces, en la Justicia.
Vetar una ley especial orgánica que es requerida por la misma Constitución Nacional – que en su artículo 99 establece que el Congreso debe sancionar una ley que regule los DNU – no es lo mismo que vetar cualquier otro tipo de ley. La oposición espera que, en esta ocasión, la Corte Suprema no lo deje pasar. La discusión jurídica sobre la constitucionalidad o no de un veto a una ley de este estilo está puesta en duda, sin embargo. Algunos constitucionalistas, como Andrés Gil Domínguez, sostienen que el Ejecutivo tiene la facultad de vetar, pero que deberá fundamentarlo. «Por tratarse de una ley especial orgánica y de mayoría agravadas, los fundamentos que tiene que dar (el presidente) para vetar tiene que ser mucho más fundados a efectos de un control constitucional del veto en sede judicial», advirtió Gil Domínguez, en diálogo con Página12. L
El peronismo, por otro lado, pretende aprovechar el envión generado por esta lábil alianza opositora para rechazar alguno de los DNU del gobierno libertario. El objetivo de máxima es el DNU 70, pero ni radicales ni pichettistas ni lilitos – ni menos que menos fuerzas provinciales – se animan a voltearlo. El que está en mira, entonces, es el 846, que habilita al Ejecutivo a refinanciar la deuda sin que pase por el Congreso y aunque se empeoren las condiciones de pago.
Una nueva ley de DNU
Entre los más de 15 proyectos presentados para reformar la ley de DNU, la oposición coincide en dos puntos: la eliminación de la sanción tácita y la bicameralidad. En el primer caso, el objetivo de la reforma es modificar la lógica de validez de los DNU. Es decir que si el Congreso no trata el DNU, este pierde su validez: lo contrario a lo que sucede con la ley actual, que establece que el DNU comienza a regir desde el momento de publicación del decreto y seguirá rigiendo hasta que las dos cámaras lo rechacen. Para esto se buscará poner un plazo al tratamiento de los DNU (la mayoría de los proyectos propone de 60 a 90 días). «El Ejecutivo deja de ser un tipo que firma y resiste, y pasa a ser un tipo que firma y empuja», explica un diputado opositor que presentó uno de los proyectos de reforma.
En el caso de la bicameralidad, se exige la aprobación de las dos cámaras para la ratificación de un DNU (y no de solo una, como es en la ley actual). La letra chica se definirá en la próxima semana, ya que el cronograma trazado por la oposición cuando emplazó las comisiones de Peticiones y de Asuntos Constitucionales fija que el próximo miércoles 30 se deberá dictaminar. Este miércoles a las 17 se convocará a especialistas para que den su opinión sobre la reforma, en donde aprovecharán para sondear sobre otras posibles modificaciones. Como la posibilidad de la aprobación parcial de un DNU o la prohibición de la publicación de un decreto análogo (en el caso de que el Congreso rechace el DNU).
