Con las facultades delegadas que el Congreso le otorgó por un años a partir de la sanción de la Ley Bases, el Gobierno no sólo desguazó el Estado sino que favoreció la concentración de capitales en las grandes empresas, produjo una caída de la inversión social y aumentó el desempleo público. Además, hubo un marcado retroceso en los derechos laborales y sociales, y se relegó la soberanía nacional a partir del impulso de las privatizaciones de empresas estatales.
El lapidario balance sobre el último año de pura política de la motosierra fue hecho por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que elaboró un racconto y evaluación de todas las medidas que la administración de Javier Milei ejecutó desde el 8 de julio del año pasado, cuando reglamentó la legislación que le dio la posibilidad de gobernar sin depender de la órbita legislativa.
La delegación de facultades votada por propios y aliados –no así por la oposición de Unión por la Patria (UP) y la izquierda- le posibilitó al Gobierno tomar medidas con las que se deslindó de las históricas responsabilidades del Estado y a partir de las cuales concretó el desguace.
Hasta el 4 de julio de este año se dictaron 157 decretos de carácter legislativo: 75 de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 delegados, de los cuales 61 se autoamparan en la Ley Bases. “Esta concentración de poder no solo vació de sentido el rol del Congreso, sino que habilitó una avanzada sin control sobre las instituciones públicas”, indicó el informe.
Eliminó al menos 20 fondos fiduciarios destinados a la construcción de viviendas (por ejemplo Procrear, vivienda social y el destinado a las fuerzas de seguridad), fomento de la ciencia, sostenimiento de la Educación (por ejemplo Progresar), apoyo a la actividad cultural, respaldo a la seguridad (víctimas de trata), fomento de la promoción social y defensa de los derechos humanos (Museo de la Memoria, Sitio ESMA y Datos genéticos), entre algunos.
Además, no solo disolvió o reestructuró organismos del Estado, como recientemente lo hizo con Vialidad Nacional, los institutos de Tecnología Industrial (INTI) y Agropecuaria (INTA) y el INADI, entre tantos, sino que además convirtió organismos como la AFIP y transformó a otros en sociedades anónimas, como antesala de su privatización: la Casa de Moneda y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
En materia de privatizaciones, las facultades delegadas habilitaron la privatización total o parcial de ocho empresas:
- Energía Argentina SA (ENARSA)
- Corredores Viales
- Intercargo
- Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)
- Belgrano Cargas
- Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
- Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por
- Yacimientos Carboníferos Río Turbio (privatización parcial)
- Nucleoeléctrica Argentina SA (privatización parcial)
El CEPA evaluó que desde la asunción de Milei se impulsó “un programa sistemático de reducción y fragmentación del Estado”. Con ese ímpetu, se avanzó sobre Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, pero por afuera del marco legal al igual que con el Banco Nación, que intentó convertírselo en sociedad anónima hasta que una medida judicial la impugnó.
Además se modificó una veintena de funciones y regímenes de organismos, tales como la Gendarmería, Prefectura, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la ANSES, el Consejo Federal de Educación, el estatuto de la Policía Federal, y la ley de Asociaciones Sindicales, entre algunas.
En la lista de las desregulaciones impulsadas por el ministerio creado ad hoc, las últimas decisiones fueron la liberación del régimen de comercialización de gas licuado y envasado, que se tradujo en aumentos para los consumidores de garrafas; es decir, los sectores más pobres.
Pero antes de esta medida, también se habían desregulado la actividad comercial aerocomercial, la tenencia de armas, los servicios de telefonía móvil. Y “en cada una de las áreas o sectores desregulados las consecuencias concretas fueron, y siguen siendo, el desmantelamiento de las funciones del Estado, sin que exista reemplazo de esta función en el sector privado”, indicó el CEPA.
En este aspecto, añadió el informe, “estos decretos delegados detallados se han combinado con una cantidad inusitada de Decretos de Necesidad y Urgencia que han definido el rumbo de actividades muy relevantes para el país, que se complementan con el DNU 70, que aún está vigente”.
Lo que brilló por su ausencia en este año de facultades delegadas fue la obra pública. Pero lo que sí se modificó al respecto fueron las condiciones para las licitaciones: totalmente favorables a las empresas.
Con la nueva norma, “se canaliza toda la obra pública y la gestión de servicios públicos a través de este régimen a medida del sector privado; solo se hará o gestionará lo que brinde ganancias a contratistas, sin importar derechos de ciudadanos y usuarios; y se elimina el riesgo empresario, que quedará a cargo del Estado”.
Lo que fue un verdadero fiasco fue el mentado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una bandera que el Gobierno agitó como puerta de entrada a la inversión privada internacional y nacional.
De la promesa de esa ola de inversiones, solo se aprobaron cinco proyectos, de los cuales cuatro ya existían previamente a la sanción del régimen. No hubo ningún efecto sustancial en materia de creación de empleo ni de ingreso de divisas, remarca el CEPA.
El informe da cuenta de que “en lugar de atraer capitales privados locales y sobre todo extranjeros, la petrolera de mayoría estatal, YPF, protagoniza las inversiones del RIGI”. Además, en ese mismo sector generó un efecto contrario: “A pesar de otorgar concesiones extraordinarias, el Gobierno perdió la principal inversión en cabeza de Petronas, de Malasia, para la planta de licuefacción producto de desmanejos en la localización de la planta, lo que generó desconfianza hacia los inversores en materia de seguridad jurídica”.
En materia de reforma tributaria y reforma laboral, las facultades especiales del Gobierno fueron para favorecer al sector privado y promover la quita de derechos de los asalariados. Por ejemplo, la reducción del impuesto a los Bienes Personales “implicó una nueva baja en la carga de un impuesto progresivo, beneficiando especialmente a los patrimonios más elevados”. Es decir que se favoreció a los sectores de mayor riqueza.
En tanto, la reinstalación del Impuesto a las Ganancias a trabajadores de la cuarta categoría trajo como resultado mayor regresividad tributaria y se “intensificó la presión fiscal sobre los ingresos formales, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo.
No sólo se eliminaron “exenciones que resguardaban a los asalariados cuando sus ingresos aumentaban transitoriamente por el cobro de horas extras, bonificaciones u otros conceptos variables”. Sino que, además, “se suprimió el piso diferencial que beneficiaba a los trabajadores de la zona patagónica, quienes hasta entonces comenzaban a tributar a partir de ingresos un 22 por ciento más elevados que el promedio general”.
El estudio del CEPA también dio cuenta de los efectos de la reforma laboral impulsada por la Ley Bases. Entre las medidas que tomó el Gobierno, como la extensión del período de prueba y la figura del colaborador (antes empleado) no generaron ningún aumento significativo del empleo registrado.
Eso sí, se redujeron sanciones por no registrar trabajadores y se implementó un blanqueo laboral sin resultados significativos.