El Banco Central de Brasil dictó una nueva norma que obliga a las instituciones financieras a cerrar las «cuentas de bolsa», un producto frecuentemente usado por el crimen organizado porque permite esconder la titularidad.
«[La medida] tiene como objetivo poner fin a las llamadas ‘cuentas de bolsa’, que ocurren cuando el cliente titular utiliza los recursos mantenidos en las cuentas para realizar pagos, recibos o compensaciones en nombre de terceros, con el objetivo de ocultar o reemplazar las obligaciones financieras de estos terceros», detalló el Banco Central en un comunicado citado por G1.
Estas cuentas son usadas para «servicios financieros o de pagos sin respaldo», por lo que contravienen la regulación vigente, detalla la prensa local. Su uso se popularizó gracias a las fintech o entidades similares, donde varias entidades concentran recursos o compensaciones en nombre de terceros.
Debido a su forma de funcionamiento, es difícil determinar quiénes son los ordenantes de las operaciones, ya que están tercerizadas. El mecanismo es muy atractivo para que organizaciones del crimen organizado, como el temible Primer Comando de la Capital (PCC), puedan blanquear dinero ilícito o evadir los controles de la banca tradicional.
La norma entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de este año, cuando las instituciones financieras deberán aplicar nuevos procedimientos de detección de cuentas irregulares y su posterior cierre.
Además de identificar a los titulares, las obligaciones de los bancos serán la identificación de cuentas usadas para fines ilícitos, el establecimiento de mecanismos de monitoreo y el cierre del vínculo cuando se detecten movimientos sospechosos.
En el caso de cierre, la banca tendrá que mantener información durante cierto período, a la espera de supervisión o regulación por parte de las autoridades. En medios locales, se menciona que podría ser de hasta 10 años.
Alertas
A finales de agosto, las autoridades de Brasil desplegaron tres operativos: ‘Hidden Carbon’ (Carbono Oculto), Quasar y Tank (Tanque), catalogados por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como «la mayor respuesta del gobierno» al crimen organizado en la «historia» del país.
Las operaciones determinaron la insólita ruta de lavado de dinero en un esquema multimillonario en el sector de combustibles, encabezado por el PCC, la organización criminal brasileña considerada la más poderosa de Sudamérica.
Según informó la Receita Federal, el órgano público encargado de la administración de los tributos federales y el control aduanero, la ruta va «desde la importación, producción, distribución y comercialización al consumidor final hasta los eslabones finales de ocultamiento y blindaje de activos, pasando por fintechs y fondos de inversión«.
