Byron Black, un hombre de 69 años que fue ejecutado este martes en EE.UU. con una inyección letal por haber asesinado en 1988 a su novia y a las dos hijas de ella, experimentó sufrimiento mientras se le administraba el fármaco, que en teoría debería haberle provocado una muerte rápida e indolora, recogen medios locales.
Black falleció a las 10:43 (hora local), unos 10 minutos después de haber recibido la inyección. «Me duele muchísimo», le dijo a un consejero espiritual que lo acompañaba en su trance final, a eso de las 10:33, cuando el procedimiento estaba iniciando.
De acuerdo con el reporte ofrecido por los testigos, se le vio mirar alrededor de la habitación, y se escuchó que suspiraba y respiraba trabajosamente. No emitió más palabras.
La ejecución estuvo antecedida de un debate en los tribunales sobre si debía desconectarse el desfibrilador cardioversor implantable de Black porque, de no hacerse, sufriría una «muerte tortuosa» debido a una electrocución sobre el músculo cardíaco causada por los fármacos, según argumentaron sus abogados defensores. Empero, la semana previa, el juez falló a favor del estado de Tennessee y ordenó que la ejecución se realizara sin apagar el dispositivo.
El caso
Según la Fiscalía, en medio de un ataque de celos, Black disparó contra su novia Angela Clay, de 29 años, y de las menores Latoya y Lakeisha Clay, dentro de su vivienda. Para entonces disfrutaba de un régimen de libertad condicional, tras haber sido sentenciado por dispararle al esposo de Clay, de quien ella se había separado.
Durante los últimos años, el equipo legal que llevaba el caso trató en diversas oportunidades de conseguir una nueva audiencia, orientada a determinar si su defendido tenía alguna discapacidad intelectual que lo hiciera inelegible para la pena de muerte.
Para fundamentar su reclamo, alegaron que Black necesitaba una silla de ruedas y padecía, entre otras afecciones, demencia, daño cerebral, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia renal.
Incluso, Glenn Funk, fiscal del distrito de Nashville, donde se desarrolló el proceso judicial, aseguró en 2022 que Black tenía una discapacidad cognitiva y merecía una nueva audiencia basada en una ley estatal aprobada en 2021, pero la Justicia negó la petición.
El caso llegó a la Corte Suprema de EE.UU., que rechazó la apelación final de Black, mientras que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, se negó a detener la ejecución.
