Ya con la ley de Financiamiento Universitario en manos del Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) votó este viernes en Rosario que convocará a una nueva Marcha Federal si el presidente Javier Milei cumple con su promesa de vetarla. Sin expectativas de que sea promulgada, anunciaron que se movilizarán para impulsar que el Congreso rechace el veto.
La decisión se tomó en el 94° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN realizada en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Participaron 70 de los 74 miembros del Consejo, quienes describieron la situación difícil que atraviesan en todo el país. Defendieron la ley de Financiamiento Universitario aprobada por amplias mayorías en el Congreso Nacional y buscaron sumar consensos para rechazar el veto presidencial en caso de que se concrete.
«Con la expectativa de que, lamentablemente, porque lo expresó el Poder Ejecutivo de que nuevamente lo va a vetar sin pensar que esta ley está reemplazando esas dos leyes de presupuestos que no tuvimos, nos estamos organizando para el día que (el Congreso) tenga que tratarlo nuevamente y esperar que esta vez con los dos tercios sea rechazado ese veto«, expresó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa.
En busca de juntar las voluntades para rechazar el posible veto, el CIN invitó a dirigentes políticos de la oposición que expresaron su apoyo a la ley. La primera en hablar fue la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, quien expresó el total apoyo del mandatario provincial, el radical Maximiliano Pullaro. «Como gobierno de la provincia sepan que estamos al lado de ustedes y que en todo lo que nosotros podamos aunar esfuerzos y, sobre todo, llevar voz, estamos, acompañamos y creemos que es un legítimo reclamo«, se comprometió Scaglia.
Del CIN también participaron los diputados nacionales Mónica Fein (Partido Socialista) y Germán Martínez (jefe de bloque de Unión por la Patria), ambos oriundos de Santa Fe. Además de describir la situación de la ley de Financiamiento Universitario, se comprometieron en insistir con ella en caso de que el Presidente la vuelva a vetar.
También participaron representantes gremiales de los docentes y no docentes quienes describieron la difícil situación laboral que viven. «Estamos viviendo una situación de anormalidad en las universidades. No tenemos recursos. Se nos caen los presupuestos», denunció Carlos de Feo, Secretario General de CONADU.
El Presidente tiene hasta el 11 de septiembre para ejecutar los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, conocida como Garrahan.
El Gobierno ya recibió los proyectos de universidades y el Garrahan y comienza la cuenta regresiva para los vetos presidenciales
El Congreso giró este jueves las dos últimas leyes aprobadas en el Senado y comenzó la cuenta regresiva (diez días hábiles, hasta el 11 de septiembre) para que el Ejecutivo defina su implementación o un veto presidencial. Se trata de la emergencia en salud pediátrica, impulsada por los reclamos en el Hospital Garrahan, y la Ley de Financiamiento Universitario.
Ambos proyectos tuvieron un amplio consenso en su aprobación en el Senado, tanto el de universidades (58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones) como el de emergencia en salud pediátrica (62 afirmativos, 8 de rechazo). El Ejecutivo adelantó que rechaza las dos leyes, por lo que sería la segunda vez desde el inicio de la gestión de Javier Milei en que se veta una propuesta de financiamiento de la educación superior. El sector universitario prepara una eventual movilización para la tercera o cuarta semana de septiembre.
Aunque no desean avalar propuestas diseñadas por la oposición, desde Casa Rosada analizan con más cuidado los pasos a seguir con respecto a los fondos sanitarios: el veto podría ser acompañado por un paquete de anuncios.
En simultáneo, el Senado convocaría para la próxima semana una sesión en donde buscará revertir el veto presidencial a la declaración de emergencia para la discapacidad. La iniciativa ya fue votada en Diputados y obtuvo 172 respaldos, contra 73 rechazos. El Gobierno anticipó que esperará a que la oposición se incline a la vía judicial para efectivizar la implementación de la ley.
