Desde el miércoles, las universidades nacionales realizarán un paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento, que el Congreso aprobó por segunda vez y la Casa Rosada promulgó el pasado 21 de octubre, pero sin presupuesto para su aplicación.
«Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”, sentenció Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Los gremios docentes denuncian que los salarios «no fueron recompuestos» y que, tras tres masivas marchas federales por la universidad pública, no se logró que el presidente Javier Milei «quiera cumplir con la ley».
La Ley de Financiamiento establece un aumento salarial y pretende frenar el vaciamiento de la educación pública.
«La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44 por ciento de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo«, sentenció la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celoto.
