Una reconstrucción en imágenes detalladas del colectivo Mapa de la Policía identificó al agente de Prefectura Naval que hirió al hincha de Chacarita Jonathan Navarro en la marcha de los jubilados del 12 de marzo y el momento exacto en que lo hizo. Ahora se conoce su cara, pero todavía no se sabe su nombre. El prefecto utilizó un fusil disuasivo Byrna TCR que contiene balas de gas pimienta que alcanzan una velocidad de 300 kilómetros por hora. Tiene una mira, porque está diseñado para tirar a larga distancia, pero en este caso el disparo se produjo a solo 5 metros. El informe, que será entregado al juzgado de María Servini, señala –como había mostrado Pagina/12— que del otro lado de la Plaza Congreso sólo tres minutos antes, a las 17.18 horas, había quedado al borde de la muerte el fotógrafo Pablo Grillo, por una granada de gas lacrimógeno lanzada en este caso por el gendarme Héctor Guerrero. Ambas fuerzas apuntaban a la cabeza, el torso o la espalda, algo que prohíben los manuales de uso de las armas llamadas «menos letales», precisamente porque –aunque el gobierno diga que son «no letales»– pueden causar heridas graves o la muerte.
«Es lógico deducir que los disparos a zonas vitales del cuerpo fueron una práctica sistemática de todas las fuerzas», afirma quien narra en el video que difundió este lunes Mapa de la Policía. «Dos agentes de fuerzas distintas actuaron de la misma manera en el mismo momento y esto sucedió a pesar de estar ubicados en dos lugares diferentes y sin referencia visual», agrega. Como ya señaló este diario, es evidente que había una tarea coordinada y directivas específicas para la represión. La Prefectura, dice el informe, presentó ante el juzgado de Servini una guía de utilización de armas que denominan «no letales» «de tipo lanzadoras automáticas» que especifica que «el portador designado solo puede utilizarla bajo estricta orden del jefe del grupo». En este caso se trata del prefecto mayor Héctor Cabrera, jefe de la agrupación Albatros. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo estar a cargo del comando unificado desplegado ese día que incluyó agentes de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Ciudad.
El 12 de marzo fue la movilización de jubilados y jubiladas a la que convocaban hinchadas de fútbol y clubes, aunque Bullrich se empeñó en decir que eran barrabravas, algo que jamás demostró. Con ese concepto justificó el inmenso operativo de aquel día, donde casi pierde la vida Grillo, por el disparo del gendarme Guerrero, también identificado gracias al trabajo de dos peritos de Mapa de la Policía y donde fue empujada y gaseada por al menos un policía federal –que aún no fue individualizado– la jubilada Beatriz Blanco que terminó hospitalizada con un golpe en la cabeza. Hubo 114 personas detenidas en aquella jornada, finalmente liberadas por la jueza Karina Andrade, perseguida (sin éxito) por el gobierno por esa decisión.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solo en esa protesta hubo 672 personas heridas, más de la mitad de todas las que fueron lastimadas por la represión de fuerzas de seguridad en lo que va de este año (que ya son más que todas las heridas el año pasado). Es claro en las cientos de imágenes aportadas al juzgado que las fuerzas de seguridad atacan a quienes se manifiestan pacíficamente. En ningún caso se ve a alguien que esté poniendo en peligro la vida de un efectivo de fuerzas federales, que sería lo único que podrían utilizar como argumento de una eventual defensa.
El disparo a Navarro
Como había relatado a este diario, Navarro, hincha de Chacarita, había decidido ir a la movilización ya que sentía bronca porque a su papá un solo medicamento le había costado 80.000 pesos, casi una cuarta parte de una jubilación mínima. «Veía todos los miércoles como les pegaban a los jubilados y eso es bien de cobarde», explicó su motivación. «Ahora tengo un ojo inútil», «no puedo ir a la cancha ni hacer deporte», «ya no tengo reflejos, por ejemplo, me alcanzaron un vaso a menos de un metro y medio y no lo pude agarrar» «pero no me arrepiento de haber ido a apoyar a los jubilados», dijo.
Jonathan estaba convencido de que el disparo que impactó en su ojo izquierdo había salido de un arma de un prefecto. Lo había declarado en la causa y pedido hasta el cansancio los videos de la zona. Por imágenes que había aportado la Auditoría General de la Nación, que está sobre esa cuadra, había confirmado su teoría, pero faltaba ver con claridad cómo había sido el momento del tiro y quién lo había hecho. Los expertos de Mapa de la Policía pudieron ubicarlo con los aportes e imágenes que reciben de gente de a pie que va colaborando con sus registros, de fotorreporteros, y en este caso fue clave la cámara llamada «domo Entre Ríos» del Congreso. Les permitió ver que el impacto se originó en el arma de un agente que aparece caminando en puntas de pie detrás de la primera linea de prefectos. En el casco tiene una marca blanca que indicaba a los efectivos que llevaban fusiles Byrna TCR, que tiran gas lacrimógeno.
La querella de Navarro, a quien representa el abogado Pablo Zapulla, había presentado una lista de 13 efectivos de la Agrupación Guardacostas y de la Agrupación Albatros que la propia Prefectura señalaba como portadores de las armas lanzadoras Byrna, aunque en rigor todo indica que solo dos utilizaron la Byrna TCR, que utiliza unos proyectiles químicos denominados OC (oleorresina de capsium). El resto habría llevado Byrna SD. En función de esto, Zapulla había pedido los legajos personales de los prefectos, la formación exacta al momento de los hechos, los registros de «uso de munición», de dónde debería surgir quiénes usaron la munición en cuestión, informes sobre el modelo de arma empleada, la normativa aplicable, el organigrama de la fuerza y las transcripciones de las modulaciones.
El manual de los rifles tácticos Byrna TCR, que aportó Zapulla, es categórico en su página 4: «Disparar un proyectil que impacte en la cabeza, el cuello o la columna puede causar lesiones garves o permanentes (incluida la muerte). Este dispositivo puede contener sustancias químicas asociadas con riesgos de cáncer, malformaciones, congénitas u otros daños al sistema reproductivo. El operador de la Byrna TCR y todas las personas en o cerca del área objetivo deberían usar protección ocular cuando sea posible». En la página 27 agrega: «Los niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas son especialmente vulnerables a sus efectos. Si el impacto ocurre a corta distancia, las lesiones oculares pueden conllevar a una pérdida permanente de agudeza visual».
En el caso de Navarro, según la evaluación oftalmológica del Cuerpo Médico Forense, sufrió el estallido del globo ocular y la pérdida de la visión. «El estallido del globo ocular puede ser debido a un objeto romo de pequeño diámetro impulsado a gran velocidad», explica. Agrega que tiene alguna posibilidad de recuperación, pero que –en caso de concretarse– nunca será total.
Con las imágenes del Domo Entre Ríos, en cierto momento se logra ver la cara del prefecto que disparó. No debería resultar muy difícil para los investigadores judiciales cotejar los legajos y fichas técnicas con la imagen, pero la fuerza aún no los entregó. También es claro que apunta a la cara de Navarro, a quien tiene a una distancia aproximada de tres a cinco metros. El ataque fue a las 17.21 horas. En otras imágenes de momentos previos ve disparar al mismo agente de la misma forma, que es totalmente antirreglamentaria. Hay otras características para reconocerlo: tenía las protecciones que suelen usar en los antebrazos colgando a los costados de la cadera y un guante negro en una mano. La querella pidió para complementar el análisis imágenes del Centro de Monitoreo Urbano que tomen de manera frontal el instante del disparo.
El Mapa de la Policía que hizo la tarea científica de reconstrucción es una red de participación ciudadana contra la violencia policial compuesta por autoconvocados y colectivos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo de Investigación Política (EDiPo), el despacho de la legisladora Victoria Freire, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), FM La Tribu, la Asociación Social contra la Violencia Instituciones (ACVI), el Instituto de Políticas sobre delito, seguridad y violencias (En Foco). Había nacido como iniciativa de la exlegisladora Ofelia Fernández otras organizaciones. Trabajó en en casos como la muerte de Facundo Molares en un contexto de represión de la Policía de la Ciudad en el Obelisco y el de Fabrizia, la niña gaseada el año pasado en otra marcha de jubilados. Su aporte fue clave para determinar cómo fue el ataque a Pablo Grillo e identificar al cabo Guerrero, citado a indagatoria el 2 de septiembre.
¿Responsabilidad política?
«Importa mencionar a los responsables políticos del hecho», dice el video sobre el disparo a Jonathan Navarro, y muestra a Bullrich explicando la organización del megaoperativo. Todos los despliegues en movilizaciones, con cantidad de efectivos que a veces cuadruplican a los manifestantes, invocan el protocolo antipiquetes con que Bullrich inauguró su gestión, cuya validez constitucional está bajo análisis del juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick.
Este diario reveló que la orden interna para la organización de las fuerzas el 12 de marzo, que enumera qué fuerzas federales iban a participar (todas) y que llevaba el número 659, también utilizaba cínicamente la frase histórica de Diego Maradona: «Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados». Hubo, según esa disposición, 607 efectivos en total (387 de la Policía Federal, 134 de Prefectura, 66 de Gendarmería y 20 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, más móviles del Servicio Penitenciario) destinados a ir a reprimir y vigilar accesos a la ciudad y rutas, además de estaciones ferroviarias.
«Además de que ahora contamos gracias al Mapa de la Policía con una prueba clave, que es el rostro del prefecto que disparó contra Jonathan, lo que permitirá saber quién es y citarlo a indagatoria, es necesario –reclamó Zapulla– que se evalúe la posible responsabilidad penal de los distintos eslabones de la cadena de mando, especialmente considerando que apenas tres minutos antes, un efectivo de la Gendarmería había disparado de manera brutal contra Pablo Grillo. La simultaneidad de los hechos, ejecutados por fuerzas distintas pero coordinadas, refuerza la hipótesis de una decisión política común que habilitó el uso ilegítimo y letal de la fuerza estatal».
