La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad concluye con un duro informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que acaba de publicar una serie de cifras en relación con la tortura y los tratos degradantes tanto en las cárceles federales como por parte de la Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura. El escenario empeora si se tiene en cuenta el Reporte 7 sobre torturas y malos tratos a lo largo del primer semestre de este año.
Esa herencia deberá barajar Alejandra Monteoliva, su sucesora y mano derecha, recientemente designada por el Gobierno.
A días de asumir como senadora nacional por La Libertad Avanza, en un trabajo exhaustivo de 415 páginas, la PPN informó que en 2024, en el ámbito federal, hubo, por un lado, 271 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales y, por el otro, se produjeron “646 víctimas que permiten la individualización de un total de 1465 hechos de tortura y/o malos tratos” en las cárceles que dependen del Sistema Penitenciario Federal, el cual, actualmente, aloja a 11453 personas. Ambos orbitan dentro del Ministerio de Seguridad nacional.
En el caso de la violencia policial, el informe de la PPN precisa que “en el relevamiento de campo en el ámbito federal y nacional se identificaron 271 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales, de las cuales 54 se obtuvieron a partir de entrevistas individuales y 217 a través del registro de observaciones de malas condiciones materiales y falta y/o deficiente alimentación en los sectores de alojamiento”.
No obstante, en esa línea, remarcaron que de la reconstrucción de la información relevada en el marco de la aplicación del Procedimiento de Investigación y Documentación de Casos de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la PPN “se identificaron 64 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales. Como resultado, se cuenta con 335 casos de tortura y/o malos tratos para el análisis”.
En síntesis, a través de distintas metodologías, la PPN afirma que en el contexto penitenciario los casos son 1465. En tanto que en el ámbito policial, son 335 casos.
Récord en las cárceles federales
Las cárceles federales que lideran ampliamente el ranking donde se producen torturas y/o tratos degradantes son el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Villa Devoto) y el Complejo Penitenciario Federal VI, Luján de Cuyo, en Mendoza. En el primero, se produjeron un total de 271 hechos, mientras que en el segundo fueron 109.
El informe pone especial énfasis en “el amplio espectro de unidades donde se han identificado víctimas de malos tratos y torturas: unidades que alojan varones y mujeres, de adultos/as y de jóvenes, de la zona metropolitana y del interior del país, unidades de antigua data o recientemente inauguradas, complejos de máxima seguridad y colonias penales. Esto confirma la extensión de la tortura y los malos tratos en todo el archipiélago penitenciario federal”.
Sin embargo, si se observan todas las categorías de maltrato y/o tortura, el listado de los principales casos está liderado por “Malas condiciones materiales de detención”, 427 casos; “Agresiones físicas”, 363 casos; “Aislamiento”, 146 casos; “Falta o deficiente asistencia de la salud”, 145 casos y “Falta o deficiente alimentación”, 99 casos entre muchos otros.
Cabe señalar que “El Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos” fue creado en 2010 por acuerdo interinstitucional entre la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) y el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
El Reporte N°7
Recientemente, la PPN dio a conocer el informe titulado “Revictimización”, en el cual aporta un dato que denota que la línea establecida en el informe anual se mantiene intacta, ya que solo en el primer semestre de 2025, 201 personas fueron víctimas de la violencia institucional ya sea por parte de las fuerzas de seguridad o del sistema penitenciario.
De acuerdo con el documento al que accedió Ámbito, el Reporte N°7 que lleva el nombre de “Víctimas de violencias penitenciarias/policiales reiteradas” da una panorama complejo para los primeros seis meses de este año: entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio “se informaron 117 Expedientes del Procedimiento para la investigación y Documentación de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes con casos de tortura y malos tratos”.
Si se mira el detalle de lo que significa esa cifra, 101 expedientes son casos individuales, mientras que los 16 restantes son colectivos. Es de esa manera que se llega a la cifra de 201 víctimas durante el primer semestre. O sea, más de una víctima de la violencia policial o penitenciaria por día.
El informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación aporta otra cifra más escalofriante aún: de las 201 víctimas detectadas, 17 sufrieron violencia policial o penitenciaria más de una vez.
La Provincia de Buenos Aires
Regresando al informe anual de Registro de Casos de Tortura y Malos Tratos, si se incluye a las provincias la cifra escala, en total, a “1198 víctimas de torturas y malos tratos, quienes describieron 4745 hechos de torturas y/o malos tratos”.
La provincia de Buenos Aires por la dimensión de su población carcelaria ocupa un lugar central. El informe detalla que hay “552 víctimas que nos permiten la individualización de un total de 3280 hechos de tortura y/o malos tratos”. Los tres penales donde más se registraron hechos de esta índole son los de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica.
Si en el ámbito federal, las categorías que lideran el tipo de tortura son “Malas condiciones de detención” y “Agresiones Físicas”, en la provincia de Buenos Aires esos lugares los ocupan “Falta o deficiente asistencia de la salud” y “Aislamiento”. En el caso de la tortura y malos tratos por parte de la Policía Bonaerense los casos ascienden a 137.
Para cerrar, en su presentación concluyen: “La publicación de este décimo cuarto Informe Anual confirma, una vez más, que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente”.
Históricamente, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) estuvo bajo la órbita del Ministerio de Justicia que era el responsable de responder por los casos denunciados por la Procuración Penitenciaria, un órgano autónomo que depende del Poder Legislativo, según la ley.
Al comienzo del gobierno de Javier Milei, Bullrich se quedó con el control del SPF y luego, mediante el decreto 373/2024 amplió sus facultades de control sobre el personal de todas las fuerzas, incluido los penitenciarios.
