El brazo parlamentario del Partido Justicialista fijó a la movilización como un parteaguas para conducir institucionalmente un modelo antagónico al Gobierno.
Una nueva jornada de unidad se vivió en la sede del Partido Justicialista, con reuniones sucesivas de dirigentes sindicales, intendentes, gobernadores y sus representantes en el Congreso de la Nación. En este último encuentro, que cerró la agenda del martes, senadores y diputados del peronismo señalaron a este medio que después de la marcha a Plaza de Mayo se pasará a una nueva etapa, en la que se reunirán semanalmente para consensuar agenda y estrategia parlamentaria para avanzar en «un proyecto programático para el futuro de los argentinos».
En el cuerpo legislativo peronista ya reconocen como un triunfo haber evitado una fotografía de detención de Cristina Kirchner. Atribuyen que la reacción de sus seguidores evitó un proceso denigrante y precipitó la definición judicial del arresto domiciliario. Esa decisión del Tribunal también decantó el cambio de locación de la marcha: el reclamo en Comodoro Py por condiciones dignas de detención se convirtió en una muestra de poder de convocatoria frente a Casa Rosada. «Ya no podíamos desmovilizar y Plaza de Mayo es el lugar para los eventos históricos en este país», sintetizó una diputada.
A esa definición se le sumó una medida operativa para la jornada de movilización del miércoles: los legisladores abogados del bloque coordinarán una mesa de seguimiento de la llegada de militantes desde las provincias hacia la ciudad de Buenos Aires. Advirtieron que ya se registraron inconvenientes con colectivos provenientes de la Patagonia y Cuyo, a partir de requisas que consideraron abusivas de las fuerzas de seguridad en las fronteras provinciales, y buscan garantizar la participación de todos los manifestantes.
En la reunión se discutió sobre los alcances del reciente DNU 383/2025, que reforma el estatuto de la Policía Federal y avala requisas «sin necesidad de autorización judicial» cuando ocurran «en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención». En la reunión se delineó la acción jurídica que se conocerá este mismo miércoles para paralizar -al menos- el artículo 6 del decreto, que detalla las nuevas facultades de las fuerzas. En el horizonte de mediano plazo, también apuntan a reformar la ley de DNUs e insistir por el tratamiento de los decretos de Javier Milei en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Para el día después de la movilización, y con el objetivo estructural de generar un agenda programática a escala federal con la participación de los miembros de las dos cámaras, el Senado ya tiene un desafío concreto: aprobar los proyectos que llegan con media sanción de Diputados, que implicaría volver a aplicar el esquema de moratoria previsional, aumentar el bono para jubilados de la mínima (de $70.000 a $110.000), incrementar un 7,2% las jubilaciones en todas las escalas y concretar la declaración de emergencia en discapacidad.
En la Cámara baja se desplazó el debate de la convocatoria de sesión especial solicitada para el 2 de julio por el radicalismo opositor, pero aseguraron que darán su apoyo para alcanzar el quorum y así conseguir los emplazamientos para tratar los proyectos de índole social y presupuestario que los diputados oficialistas -presidentes de comisiones claves- paralizan. El financiamiento de los organismos científicos, las universidades nacionales y los centros de salud pública están en la agenda inmediata con la pretensión de «volver a representar», como pidió la expresidenta una semana antes del fallo judicial.
