Los legisladores se reunieron en un plenario de la Comisión de Justicia, presidida por Inés Parry (UCR), la de Seguridad, a cargo de Gimena Villafruela (PRO), de Legislación del Trabajo, bajo la tutela de Matías Barroetaveña (Unión por la Patria) y de Asuntos Constitucionales, encabezada por Hernán Reyes (Coalición Cívica).
Además de los legisladores, se hicieron presentes funcionarios porteños de las áreas de Seguridad y de Justicia, como Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios y Adrián Patricio Grassi, subsecretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia de CABA.
En el encuentro expusieron también especialistas en la materia como Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Además, participó Gabriela Gusis, docente e investigadora en Derecho Penal y Criminología.
Por parte de la Justicia nacional, también participó Carla Cavalieri, vicepresidenta segunda de la Cámara de Casación, Apelación Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, junto con Eduardo Villalba, especialista en Seguridad. Además estuvo Gerónimo Vega, de la Asociación de Pensamiento Penal, y Manuel Truffó, doctor en Ciencias Sociales y director del Área de Justicia del CELS.
Durante la jornada, los expertos plantearon diversas perspectivas a considerar, dado que se trata de la creación de un sistema penitenciario que nacerá desde cero, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar con una ley precisa para evitar arbitrariedades o diferentes interpretaciones por parte de jueces, con el objetivo central puesto en la resocialización, la capacitación y el trabajo.
Entre los temas abordados se destacó la importancia de la participación de las víctimas, la agilización de procesos a través de la oralidad, el uso mínimo del encierro y la promoción de alternativas a la prisión. Subrayaron, además, la necesidad de sentar las bases para una política postpenitenciaria orientada a evitar la reincidencia, especialmente a través de la reinserción social.
Qué dice el proyecto de creación del Sistema Penitenciario de la Ciudad
El texto, impulsado por el gobierno porteño, fue presentado en marzo y propone crear e instaurar el Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires local «como institución civil armada, jerarquizada y depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad», que actúe «como auxiliar permanente de la administración de justicia» y forme parte del Sistema Integral de Seguridad Pública.
La estructura tendrá como objetivo -en caso de aprobarse la ley- la «custodia y guarda de detenidos, imputados y condenados, que se encuentren alojados en establecimientos penitenciarios de la Ciudad» y que estén «sometidos a ejecución de penas privativas de la libertad» y a disposición del sistema judicial porteño. Entre sus objetivos figuran «procurar que durante la ejecución de dichas penas el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley», además de posibilitar «su reinserción social», tal como indican la Constitución Nacional y su contraparte de la Ciudad, además de organismos y normas internacionales.
El Sistema Penitenciario de la CABA dependerá del Poder Ejecutivo por lo cual su gestión será ejercida por las autoridades civiles que ocupen los cargos administrativos del Gobierno porteño, a través del Ministerio de Justicia. El Instituto Superior de Seguridad Pública se constituirá como «órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente» de quienes integren el Sistema Penitenciario.
El proyecto, enviado al Palacio Legislativo en marzo, propone también habilitar la gestión privada de los establecimientos carcelarios, bajo control público. «Las personas jurídicas de derecho privado podrán construir y/o administrar establecimientos penitenciarios, previa autorización del Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que fijará los requisitos específicos para su construcción y gestión», señala uno de los apartados. Los establecimientos «formarán parte del Sistema Penitenciario de la Ciudad y estarán sometidos a los principios y demás regulaciones establecidos en la presente Ley, y en la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad«.
