El titular de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro, presentó un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado Federal N°8.
La comisión investigadora del caso $LIBRA presentó este lunes un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado Federal N.º 8, que había rechazado el pedido de auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados por el Congreso. La medida fue adoptada busca -según sus integrantes- “reafirmar el compromiso de esclarecer las responsabilidades políticas, financieras y administrativas” en torno al funcionamiento de la cuestionada criptomoneda.
En un comunicado difundido por el diputado y titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, se advirtió que la decisión judicial “lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso”, y mencionó el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que otorga a las cámaras la facultad de requerir información y citar funcionarios en ejercicio del contralor político.
Reclamo por la división de poderes
“Un magistrado no puede limitar dichas atribuciones otorgadas al Congreso. No se trata de un trámite administrativo, sino de la división de poderes”, señala el texto. En esa línea, los legisladores argumentaron que la negativa del juzgado “vacía de sentido una de las funciones esenciales del Parlamento: la de investigar y garantizar transparencia”.
La comisión había solicitado el auxilio de la fuerza pública para asegurar la presencia de funcionarios que no concurrieron a las citaciones previas. El juez rechazó el pedido al considerar que el cuerpo legislativo no puede ordenar medidas coercitivas sin intervención judicial.
La investigación sobre $LIBRA
El caso $LIBRA -nombre que remite a una criptomoneda vinculada a movimientos financieros bajo investigación- se convirtió en uno de los temas más sensibles en el Congreso. La comisión bicameral busca determinar si existieron irregularidades en la operatoria, y deslindar responsabilidades en la administración pública y en organismos de control financiero.
“Investigar no es un capricho. Tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, remarcaron desde el cuerpo parlamentario.
Debate institucional
La apelación podría escalar en los próximos días hacia instancias superiores, reabriendo el debate sobre los límites entre el Poder Judicial y el Legislativo. Para los diputados, la resolución del juez sienta un precedente peligroso al restringir las potestades del Congreso para ejercer control político.
En el oficialismo y en la oposición anticipan que el fallo marcará un nuevo punto de tensión entre poderes, en un escenario donde el equilibrio institucional y la transparencia de los actos públicos se vuelven terreno de disputa.
