El Gobierno y los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy se chocaron con un obstáculo en su intento de forum shopping en el caso $LIBRA en la Cámara Federal de Casación Penal. En una maniobra que busca cambiar los jueces que hasta ahora actúan como revisores de la investigación, intentaron desplazar incluso a los de la Sala II de ese tribunal –Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci– que, sin embargo, seguirán a cargo de la causa. Ya habían hecho lo mismo con la Cámara Federal de apelaciones, donde tuvieron más éxito.
Es un verdadero escándalo lo que sucede con este expediente, donde se supone que están imputados el presidente Javier Milei, su hermana Karina, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, Novelli y Terrones Godoy, además de los empresarios extranjeros que intervinieron en la creación y el lanzamiento de $LIBRA, Hayden Mark Davis y Peh Chyi Haur, más conocido como Julian Peh.
La apelación de los empresarios que está en juego ahora está relacionada con la decisión de transformar el bloqueo de una billetera virtual en un embargo por el equivalente a 300.000 dólares. Esa determinación fue tomada por la sala II de la Cámara Federal –integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico– que era la que por sorteo tuvo que resolver las apelaciones que se presentaron en el caso.
Sin embargo, de repente empezó a tomar las decisiones la Sala I conocida como la «sala M», porque adquirió su conformación actual durante le gobierno de Mauricio Macri, que nombró a Mariano Llorens al elegirlo de una terna de concursantes y a Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por traslado, a dedo, sin concurso (los pasó de un tribunal oral a esa cámara estratégica de Comodoro Py).
¿Cómo es que empezó a fallar esta sala en el caso $LIBRA? Hubo un paso previo: la causa «madre» la tenía la jueza María Servini, pero mientras estaba de licencia su colega Ariel Lijo determinó que era conexa con otra que se había iniciado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que estaba focalizada en la hermana del Presidente, denunciada por la existencia de testimonios de empresarios que señalaban porque habría cobrado por entrevistas con el mandatario. En la de Servini el eje es una posible estafa, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, aunque también cohecho. Llorens, como presidente de la Cámara, avaló esa conexidad.
Por ende, todo está ahora en el juzgado de Martínez de Giorgi. El fiscal es el mismo, Eduardo Taiano, con un equipo distinto porque ahora actúa como subrogante de una fiscalía vacante. El abogado de Novelli y Terrones Godoy aprovechó y le dijo a este juez que la decisión sobre los embargos en realidad la debía revisar la Sala I, que había sido designada para resolver algún incidente en el caso sobre Karina Milei. Lo cierto es que la pesquisa que tuvo Servini es mucho más grande, anterior y está avanzada. Aún así, se le dio pie a la Sala I para que opine.
El magistrado hizo lugar al pedido de la defensa y la Sala I resolvió el martes último no sólo hacerse cargo del expediente, sino indicarle a Casación que debía sortear una nueva sala. Que los jueces de un tribunal inferior le den órdenes a la máxima instancia penal causó un gran malestar. La secretaría, de todos modos, envió el expediente adonde ya estaba desde sus orígenes.
La Sala II de Casación había sido, igual que la II de apelaciones, la que convalidó la participación de querellas, algo clave para que la investigación avance, aunque se vio desde un comienzo una importante parsimonia de la fiscalía. Página/12, por ejemplo, reveló las imágenes de cómo la madre y la hermana de Novelli vaciaban las cajas de seguridad que él había contratado diez días antes del lanzamiento de $LIBRA. Cuando la fiscalía ordenó allanar, ya no había nada ahí.
Las querellas denunciaron ante la Sala II la «anomalía procesal» y dijeron que había de parte de la defensa de Novelli y Terrones Godoy (que, además, está alineada con los intereses del Gobierno) una conducta que «configura un típico supuesto de forum shopping, esto es, el intento deliberado de elegir o influir en la designación del tribunal que habrá de conocer en un proceso o incidente en función de su conveniencia estratégica».
«Tal proceder vulnera la igualdad de las partes ante la ley, afecta la imparcialidad del proceso y desnaturaliza la organización judicial establecida», denuncian. Lo señalan como un intento de «manipulación» de la jurisdicción que «viola la garantía del juez natural».
Así las cosas, en Casación la Sala II continúa con la causa y en la Cámara Federal todavía hay final abierto. Todas estos movimientos calculados demoran la investigación que, pese al paso del tiempo y la aparición de transferencias sospechosas en momentos claves de reuniones de Milei con Davis y los criptobros, no hay llamados a indagatoria.
