En el año 2020, Argentina consagró el derecho al aborto legal mediante la sanción de la ley 27.610, lo que significó un hito para el movimiento de mujeres de nuestro país y en la región. Sin embargo, en los últimos meses vemos cómo el gobierno nacional está llevando adelante un desmantelamiento sistemático de políticas públicas esenciales de salud sexual y reproductiva. Bajo la bandera de una supuesta «eficiencia» en el gasto, que en realidad esconde una ofensiva ideológica, se vacía el rol del Estado como garante de derechos. No se trata solo de recortes: se está erosionando al Estado desde adentro, debilitando su capacidad para garantizar derechos, especialmente en salud sexual y reproductiva. Lo que se busca es reinstalar un modelo regresivo que relega a las mujeres a rol reproductivo y en tareas de cuidado.
Este retroceso no es casual ni aislado. En todo el mundo, los derechos sexuales y reproductivos están bajo ataque. Las narrativas regresivas que buscan restringirlos se imponen en el discurso público, promovidas por sectores que buscan librar una lucha contra la supuesta “ideología de género”. Esta política de ajuste tiene consecuencias reales y devastadoras. En el marco del el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, desde Amnistía Internacional publicamos el informe: “También es por vos: defender el acceso al aborto ante el retroceso de políticas públicas” que describe este panorama. Un ejemplo concreto es el retroceso en la implementación de la Ley 27.610: el Ministerio de Salud nacional interrumpió la compra y distribución a las provincias de insumos esenciales para garantizar abortos seguros, como las pastillas de misoprostol y mifepristona. También se redujo drásticamente —en un 81%— la entrega de métodos anticonceptivos (incluida la anticoncepción de emergencia) y tests de embarazo. Así, repentinamente y por primera vez en veinte años, el Estado Nacional dejó a las provincias libradas a su suerte para la provisión de insumos esenciales. La consecuencia: las provincias, sin apoyo nacional, deben intentar cubrir estos faltantes, generando graves desigualdades. El acceso a derechos queda supeditado al lugar de residencia de la persona.
Otro ejemplo concreto es la falta de información para que las mujeres conozcan y puedan acceder a sus derechos. Mensajes oficiales confusos han hecho que mujeres duden si el aborto sigue siendo un derecho vigente o que tengan temor de acercarse algún centro de salud. A la vez, la línea 0800 de Salud Sexual —que en muchas provincias es la única vía para obtener información sobre el derecho al aborto— hoy presenta serias deficiencias: la mayoría de las llamadas ni siquiera son atendidas. «Intenté comunicarme y nadie contestaba», relató Carla, quien buscó apoyo fuera del sistema público. Este silencio oficial es desesperante y peligroso: sin información, muchas pueden desistir o retrasar la búsqueda de atención, con consecuencias graves para su salud y vida.
Este contexto regresivo ha profundizado las barreras que enfrentan las personas gestantes para acceder a un aborto y creado nuevas. No es extraño que, ante este panorama, muchas se sientan «abandonadas y a la deriva».
También es preocupante la falta de transparencia del gobierno nacional. Desde la asunción del gobierno en diciembre de 2023, no se publican datos sobre la implementación de la política pública de salud sexual y reproductiva. Amnistía Internacional presentó múltiples pedidos de información pública e incluso tuvo que recurrir a la Justicia para obtener datos que el Estado debería proveer. Lo que no se mide, no se mejora. En el caso de la salud sexual y reproductiva, contar con datos precisos y actualizados permite proyectar las necesidades de compra y distribución de insumos para dar respuestas a la población en el acceso a la salud sexual y reproductiva, identificar obstáculos, orientar recursos de manera eficiente y mejorar la política pública.
Sin embargo, pese a que el gobierno nacional le da la espalda a las mujeres, niñas y adolescentes, hay un enorme consenso en la sociedad sobre la necesidad de políticas públicas para el acceso a al aborto y a la Educación Sexual Integral. Una encuesta reciente de opinión pública mostró que sus posturas extremas sobre el aborto, el cambio climático y su calificación de los homosexuales como pedófilos generan un amplio rechazo, incluso en sectores afines.
En este escenario adverso, el activismo feminista sigue cumpliendo un rol clave en la defensa de los derechos conquistados. Redes de acompañamiento y organizaciones brindan apoyo a quienes enfrentan barreras para acceder a la atención que les corresponde. Muchas de estas situaciones se visibilizan, se denuncian y se canalizan ante instancias judiciales y organismos internacionales. Si bien los desafíos son grandes, estas acciones contribuyen a sostener y proteger los avances logrados. En 2024, desde Amnistía Internacional registramos un 275% más de consultas y denuncias por trabas en el acceso al aborto respecto de 2023. Esta cifra refleja el agravamiento de las barreras, pero también una mayor conciencia y organización: ante el abandono estatal, cada vez más personas alzan la voz para que ni ellas ni otras tengan que pasar por lo mismo.
Es urgente y posible revertir esta situación. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar el derecho al aborto en todo el país. Para ello, debe asignar presupuesto suficiente y reanudar de inmediato la compra centralizada y distribución equitativa de insumos clave (misoprostol, anticonceptivos, etc.) en todas las regiones. Además, tiene que difundir información clara sobre cómo acceder a este derecho: no se ejerce un derecho que se desconoce.
Lo que está en juego no es solo una política pública, sino la posibilidad de que mujeres y personas gestantes vivan con autonomía, dignidad y sin miedo. Defender el aborto legal, seguro y gratuito también es por vos: por tu hija, por tu hermana, por tu amiga; es por todas nosotras. En este Día de Acción por la Salud de las Mujeres hacemos un llamado al Estado Nacional a que cumpla con sus obligaciones. La vida de las mujeres y personas gestantes no puede ser la variable de ajuste de una política ni puede quedar a merced de una batalla cultural. Todavía estamos a tiempo de revertir este rumbo y reafirmar que el aborto legal también es parte de una democracia que se toma en serio la igualdad.
La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
